Contraloría archiva proceso de investigación contra Gobernador de Norte de Santander William Villamizar
La Contraloría General de la Nación ordenó archivar el proceso de responsabilidad fiscal contra el actual Gobernador de Norte de Santander William Villamizar por presuntas irregularidades que consideraba se había cometido, en la ejecución de la construcción del sistema de acueducto de San Bernardo de Bata, en Toledo, cuyo valor superaba los $2.656 millones en el año 2.015.
Según la contraloría se logró evidenciar que el proyecto fue ejecutado a satisfacción y que no solo se cumplió con el objeto del contrato, sino que se entregó en los términos señalados, el ente de control decidió ordenar el archivo del proceso de responsabilidad fiscal que fue abierto en junio de 2021.
Igualmente los organismos de control vincularon a esta investigación a los exsecretarios de Agua Potable Luis Jairo Ferreira Mendoza (2012-2015) y Francisco Bermont Galvis (2016-2020), así como Jorge Armando Mojica, supervisor de la Secretaría de Agua Potable; la Consultoría y Construcción del Norte SAS, y M&R Ingeniería Ltda.
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La contraloría manifiesta " se ejecutó a satisfacción el objeto del contrato y entregado la obra en los términos señalados en el contrato de Obra Pública No. 086 de 2015, no existe daño como elemento esencial para establecer responsabilidad fiscal, y por sustracción de materia, no es dable entrar a analizar los demás elementos, como son la conducta y el nexo causal”.
Como parte del informe después de la visita técnica realizada por la Contraloría a la zona mencionada, se concluyó que el acueducto sufrió una afectación causada por un tercero, la cual fue solucionada y actualmente el sistema se encuentra funcional y operando normalmente.
En ese sentido, dice el órgano de control que mal se haría en concebir que existe un detrimento patrimonial en el caso que era objeto de investigación, toda vez que está plenamente probado que los aspectos que daban cuentan de un posible daño fiscal fueron resarcidos y actualmente se encuentran en buen estado y en funcionamiento.
“Así las cosas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, no se puede continuar adelantando el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-801112-2019-35573 pues no existe daño fiscal, por las razones ya expuestas”, señala el documento.
Agrega que el hecho señalado en el auto de apertura como generador de daño patrimonial al Estado, “no es constitutivo de detrimento patrimonial, por lo cual la decisión que en esta providencia se adoptará es ordenar la cesación de la acción fiscal por resarcimiento del daño y en consecuencia archivo de la actuación procesal”.