Contraloría imputa responsabilidad fiscal a Cafesalud y algunos de sus directivos
Tras detectar irregularidades como la adquisición de activos con recursos parafiscales que solo se podían destinar a la prestación del servicio de salud, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $5.992 millones contra la EPS Cafesalud actualmente en liquidación.
Esta imputación fiscal también cobija a las personas que ostentaron el cargo de representante legal de Cafesalud EPS S.A., el Gerente de Salud, el Director Nacional Administrativo y contra la misma EPS como tal.
El ente de control pudo evidenciar que Cafesalud adquirió activos fijos durante los años 2001 a 2014, con recursos parafiscales que solo se podían destinar a la prestación del servicio de salud, lo que acrecentó su propio patrimonio con recursos públicos de la salud.
Así mismo, el ente de control pudo corroborar que en el año 2015 Cafesalud entregó activos fijos a título gratuito, sin retorno o beneficio alguno, a entidades del mismo grupo empresarial.
Asimismo, la Contraloría detectó que, en ese mismo año, esta EPS procedió a adquirir nuevos activos fijos, de similares características a los entregados, también con recursos parafiscales, cuando la empresa venía presentando pérdidas desde el año 2011 y el costo operacional era mucho mayor a los ingresos que obtenía.
El ente de control concluyó que los imputados en este proceso de responsabilidad fiscal podrán presentar los respectivos argumentos de defensa y solicitar las pruebas correspondientes, dentro del término de ley.
Es de mencionar que recientemente la Contraloría ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal a la EPS Medimás, por presuntas irregularidades en el manejo de $234.191 millones de pesos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.
Según el organismo, "se encontraron registros contables de pagos superiores a los valores facturados por las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud, por la suma de $102.898 millones, así como el pago de medicamentos con precios superiores a los regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, en cuantía de $32.406 millones, y $21.430 millones, por servicios médicos con valores superiores a los contratados con su red de prestadores".