Cumbre por crisis carcelaria: hay 27.000 privados de la libertad en estaciones de Policía
La Corte Suprema de Justicia citó a una cumbre para estudiar la situación de los centros de reclusión transitoria, en los que se registra una grave crisis por hacinamiento en las estaciones de Policía y Unidad de Reacción Inmediata (URI) del país.
La reunión se realizó en el Palacio de Justicia, con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, además de la Policía Nacional, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Justicia, en donde, según explicó el presidente de la corte, magistrado Gerson Chaverra, llegaron a varias conclusiones, inicialmente, la necesidad de trasladar al menos 900 personas que ya fueron condenadas.
“Como quiera que se tiene identificado de que casi 900 personas que se encuentran privadas de la libertad en estaciones de policía y en las URI ya tienen la calidad de condenados, a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional se va a procurar el traslado de estas personas a las cárceles del país donde el ministro puso de presente que existían los cupos”, dice el magistrado.
Con los mandatarios locales, el tribunal acordó que se estudie la posibilidad de que se construyan centros especializados para que los privados de la libertad puedan ser manejados por las autoridades locales y beneficiar la descongestión carcelaria.
“Se acordó estudiar desde el punto de vista jurídico la viabilidad de que los entes territoriales puedan crear sitios especiales temporales de privados de la libertad que sean manejados por las alcaldías y los entes territoriales, para a través de esa medida también ayudar en la descongestión de las estaciones de policía, dada la sobrepoblación de privados de la libertad”, añadió Chaverra.
Los alcaldes además se comprometieron a revisar que los centros carcelarios tengan condiciones óptimas de conectividad para evitar que la realización de las audiencias se vean afectadas, especialmente las diligencias preliminares, relacionadas con la legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento.
“Dotando también esas estaciones de policía de los equipos necesarios para que las audiencias, por lo menos las preliminares relacionadas con la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, se puedan hacer de manera virtual, sin que la policía deba comprometerse en el traslado de estas personas privadas de la libertad a los despachos judiciales”, incluyó el presidente de la corte.
Según informó ese tribunal, el Inpec también se comprometió a realizar un informe sobre los privados de la libertad que ya tienen beneficios de libertad condicional u otras medidas excarcelables para tramitar rápidamente todo lo relacionado con descongestionar estos centros de reclusión.