El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que en el reciente monitoreo que adelantó la entidad se identificaron 108 casos de invasiones ilegales de tierras, lo que evidencia un incremento en este fenómeno de ocupación indebida de propiedades ajenas.
Debido a esto, insistió en que es urgente que el Gobierno Nacional adopte medidas urgentes para enfrentar los graves riesgos en los que se encuentran los pobladores de las regiones afectadas.
“Especial atención se ha puesto en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos”, dijo.
También aseguró que al menos en 13 casos los grupos armados ilegales están relacionados con la ocupación de los predios.
“Ha sido posible evidenciar que actualmente cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales, en distintos puntos de la geografía nacional. En el panorama general que hemos encontrado frente a los principales conflictos latentes, llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el Norte del Cauca y en el Valle del Cauca”, aseguró el defensor del Pueblo.
En el marco de la instalación del primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, explicó cuales son las principales causas “en primer lugar, con comunidades rurales que carecen de tierra, no tienen acceso suficiente a la misma y reclaman derecho al acceso progresivo a la propiedad. Estas situaciones se presentan en predios considerados improductivos; bienes baldíos o fiscales patrimoniales y, además, en predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Una segunda causa, se vincula a ocupaciones ejercidas por población étnica, que en el marco del ejercicio denominado como “liberación de la madre tierra”, ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural. Esta última situación se registra en mayor medida en los departamentos de Cauca y Vichada”.
La Defensoría del Pueblo también logró establece que en departamentos como Guainía, Huila y la región del Urabá, las comunidades están invadiendo, con el objetivo de acceder a la tierra para la construcción de vivienda propia, teniendo en cuenta el déficit habitacional en esos departamentos.
“Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que promete el Gobierno, es necesario contar con resultados resultados muy rápidos, para disminuir el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos procesos de movilización social”, dijo.
“Se ha exacerbado la conflictividad intercultural que involucra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y las disputas en torno a la territorialidad. Así mismo, se identifican vulneraciones a otros derechos como la vida, libertad e integridad, propiedad, el acceso progresivo a la tierra, vivienda, educación, salud, servicios públicos, acceso a crédito agropecuario y afectaciones al medio ambiente”, afirmó.
En ese sentido, señaló que “de los 108 casos identificados por la Defensoría del Pueblo, al menos 13 tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales y a través del seguimiento a las Alertas Tempranas de la entidad”.