Más de 170 mil personas han cruzado la selva del Darién, Defensoría pide estrategias para velar por la seguridad
La Defensoría del Pueblo sigue evidenciado graves vulneraciones de Derechos Humanos en contra de la población migrante, especialmente aquellos que atraviesan la selva del Darién, por ello le pidió al Gobierno Nacional avanzar en la implementación de una política integral migratoria.
El Defensor del Pueblo considera primordial que el Ministerio de Relaciones Exteriores dé pasos importantes en la implementación y ejecución del Sistema Nacional de Migraciones, con el propósito de garantizar los derechos de la población en tránsito irregular.
El aumento del movimiento migratorio ha influido en la economía local de la zona del Urabá-Darién, situación que ha puesto en condiciones de extrema vulnerabilidad a la población en movilidad humana. Ello ha desencadenado en el agravamiento de habitabilidad de calle, instrumentalización de niñas y niños para la mendicidad, sexo por supervivencia, entre otras problemáticas.
Según cifras de Migración Colombia, entre enero y el 15 de mayo del 2024 cruzaron la selva fronteriza de Colombia y Panamá más de 175 mil personas susceptibles a la condición de refugio y con necesidad de protección internacional.
Del total, 118.397 eran venezolanos, 13.814 haitianos, 15.182 ecuatorianos y 9.404 chinos. El resto de la cifra la conformaron personas provenientes de países africanos y del Caribe.
Cabe destacar que, el aumento del movimiento migratorio ha influido en la economía local, lo que ha incrementado los precios de la canasta familiar y de los transportes. Así mismo, ha limitado el acceso a bienes y servicios.
"Valoramos lo hecho por algunas entidades del Estado. Por ejemplo, el fortalecimiento de los equipos de Migración Colombia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los municipios de la amplia zona que componen el Urabá-Darién y la creación de las mesas municipales y departamentales de gobernanza migratoria”, expresó Carlos Camargo Assis.
La Defensoría es consciente de la voluntad política de algunas administraciones municipales en la inclusión en sus planes de desarrollo de líneas y programas para la atención de la población migrante.