La solicitud se formula ante el Ministerio de Hacienda y Crédito para avanzar en la justicia restaurativa.
El ministro de Justicia y el Derecho, Néstor Osuna, anunció este lunes que se solicitó al Ministerio de Hacienda 1.2 billones de pesos para la creación de 500 juzgados en Colombia.
Al mismo tiempo, señaló que estos nuevos jueces empezarían a hacer parte de la Rama Judicial, desde el año 2023. Osuna aseguró que es muy importante esta iniciativa porque acercara la justicia a la gente y a la administración de la justicia.
"La propuesta de la Judicatura es $1.2 billones adicionales a lo que está en el presupuesto. Para el 2023 hay $6.8 billones parece mucho pero es poquito comparado con el presupuesto, esa adición de $1.2 billones le permitiría a la Rama Judicial la creación, en 2023, de 500 despachos judiciales más, es decir, aumentar las dimensiones del poder judicial en un 10%, esa será una estrategia que tocará combinar con otras para aumentar significativamente el número de jueces en el país y acercar la justicia al ciudadano".
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El ministro de Justicia y el Derecho, además señaló que es urgente aumentar el número de jueces en Colombia. Indicó que la justicia restaurativa permite la reparación a la víctima.
Precisó que no significa que los delincuentes van a quedar libres, sino que se va a complementar la pena con la reparación.
“La justicia restaurativa busca complementar y en algunos casos sustituir una parte de la pena de cárcel, por una medida que deja satisfecha a la víctima que sufrió un hurto, un daño, una lesión que se sienta reparada”.
Dijo también que esto permite que el victimario tenga que ponerse en los zapatos de la víctima. Señaló también que la reparación podría ser económica, trabajos comunitarios, disculpas públicas, un cara a cara entre el agresor y las víctimas.
Osuna indicó también que el Estado podrá mirar cómo disminuir la reincidencia delincuencial. El pronunciamiento de Osuna se dio en medio del foro que adelanta la Defensoría del Pueblo sobre la grave crisis carcelaria que enfrenta el país donde la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales, es decir, la violación masiva de derechos humanos en los centros de reclusión.
Fuente
Sistema Integrado de Información
