Por primera vez en el país, fue aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal el Plan Nacional de Política Criminal para los próximos cuatro años, el cual tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que se encuentran en el territorio nacional, y enfrentar efectivamente la criminalidad que pone en riesgo el ejercicio de los mismos.
La representante a la cámara por el partido conservador, Adriana Matiz , manifestó que de acuerdo a la aprobación de este Plan Nacional de Política Criminal , se establecieron siete prioridades: la prevención del delito y la reducción del homicidio, la prevención de violencias basadas en género, la disrupción del crimen organizado, la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales, la humanización del sistema carcelario y la modernización de la acción estatal para combatir el crimen.
Un plan que no se restringe únicamente a la política penal y penitenciaria, también incluye acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización y muchos más.
“Es grato compartir con los colombianos que por primera vez en nuestro país contamos con un Plan Nacional de Política Criminal para los próximos cuatro años, el cual da una visión para la aplicación de una Política Criminal coherente, racional y que sea respetuosa de los derechos humanos con varios temas que se priorizaron”, expresó la congresista Adriana Matiz, integrante del Consejo Superior de Política Criminal.
También manifestó que el paso a seguir es diseñar, aprobar e implementar el Plan de Acción y el documento Conpes para materializar y ejecutar todos los objetivos y estrategias de este Plan Nacional de Política Criminal.
Finalmente, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que el Plan Nacional es fruto de un proceso de construcción iniciado hace dos años, que incluyó más de cien reuniones de trabajo articulado y coordinado con todas las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal, las cuales incluyen a la Rama Judicial el Ministerio Público, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional.