En una carta dirigida a la Ministra de Salud Carolina Corcho, la Procuraduría General de la Nación expresó las preocupaciones que tiene el ente de control frente al decreto que modifica el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, para reducir el costo y que sea accesible para los ciudadanos.
La carta se enfoca en sostenibilidad financiera de clínicas, hospitales y, como consecuencia, en la garantía de la prestación efectiva de los servicios asistenciales a los ciudadanos víctimas de accidentes de tránsito.
Esta medida intenta no sólo reducir el costo de adquisición, sino también en generar un valor diferencial para la cobertura de los gastos por siniestralidad, que puede ir de cubrir facturas de entre 300 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) hasta 800 SMLV, pues esta modificación contempla que las motocicletas de bajo cilindraje, vehículos de negocio, taxis, entre otros, tengan una reducción significativa en el precio de este seguro.
Por esta razón, la Procuraduría formuló una serie de preguntas que deberá responder el Ministerio de Salud:
¿Qué porcentaje del parque automotor del país está constituido por este rango de categoría de vehículos?
¿Cuál fue el análisis técnico y financiero de suficiencia de la póliza para definir 300 SMLMV como monto de cobertura para estas categorías de automotores, y cuál es el argumento técnico de la disminución?
¿Cuál va a ser la fuente de disponibilidad presupuestal de la nación destinada al financiamiento institucional para la reducción del valor de la prima del seguro SOAT? ¿Esta disponibilidad presupuestal está garantizada y de dónde proviene?
Además, la Procuraduría delegada para asuntos de trabajo y seguridad social, pidió que se tuviera en cuenta que este decreto puede significar un aumento en la cantidad de vehículos que circulan en las ciudades, por lo que el Ministerio de Salud debe considerar el impacto ambiental que esto puede generar.