Corrupción, presunta participación en política, salidas ilegales de la cárcel La Picota, destituciones, investigaciones, fugas, traslados y anuncios sobre la implementación de una reforma integral y estructural del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), todas estas situaciones ocurrieron en el mes de marzo.
En medio de escándalos inició y terminó el mes en el que hubo cambios, no solo en la dirección del Instituto, sino también en la cárcel La Picota y la de Cómbita (Boyacá).
El primer escándalo se presentó el dos de marzo, cuando se abrió una investigación disciplinaria contra el que para ese momento era el director de La Picota, coronel Wilmer Valencia, luego que se conociera que al parecer favoreció la campaña a la Cámara de Representantes de su esposa, Luz Estella Quenza, por medio de la intersección del exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, quien permanece privado de la libertad en ese mismo centro de reclusión.
La dirección de control interno del Inpec busca determinar si, a cambio del supuesto apoyo político y la compra de votos, el exgobernador de Arauca, que está siendo procesado por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación agravado, recibió beneficios en ese centro de reclusión.
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Entre los privilegios que habría recibido el exgobernador de Arauca se encuentran el uso ilimitado de su celular y el ingreso de visitas durante las 24 horas del día, pese a la prohibición que existe.
Ese mismo día se conoció que el empresario, procesado por el escándalo de corrupción judicial denominado Hyundai, Carlos Mattos, salió varias veces de manera ilegal de la cárcel La Picota, en compañía de guardias del Inpec.
Reuniones, al parecer irregulares, que sostuvo Mattos en su oficina, ubicada en el norte de Bogotá, con sus abogados y otros familiares, luego de asistir a citas médicas, pese a no contar con ningún tipo de autorización para llevar a dichos encuentros.
A raíz de las salidas clandestinas de Mattos, el Gobierno, a través del ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, destituyó al entonces director del Inpec, general Mariano Botero y en el mismo sentido, al director de la cárcel La Picota de Bogotá.
La Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación abrieron investigaciones para determinar la responsabilidad de las directivas y de los guardianes del Instituto en los 'paseos' que diariamente daba Carlos Mattos, investigado por haber pagado millonarios sobornos a jueces de la República para salir favorecido con decisiones judiciales.
En medio de la polémica transcurrían los días mientras que, congresistas y académicos solicitaban una reforma estructural del Instituto para acabar con la corrupción.
Se posesionó como nuevo director del Inpec, general Tito Yesid Castellanos, quien asumió el cargo en medio de una de las más graves crisis de la entidad.
El ministro de Justicia y el Derecho ordenó el traslado de Eduardo Pulgar, Emilio Tapia, Carlos Mario Jiménez Naranjo alias 'macaco', Juan José Valencia alias 'falcon' y el exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, fueron removidos a otros penales.
Sin embargo, se retrasó el traslado de Emilio Tapia y Juan José Valencia alias 'Falcon', luego de presentar pruebas de covid-19, no obstante directivas del Inpec consideraron que dichos resultados eran falsos; pocos días después fue trasladado Tapia a la cárcel de Picaleña de Ibagué y alias 'Falcon', al pabellón de extraditables de ese mismo penal donde días después hubo varios contagios de coronavirus y tuvieron que cerrar el patio.
La fuga de alias 'Matamba'
Cómo si no hubiera sido suficiente los escándalos en el Inpec, se escapó uno de los hombres de confianza de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel' de la cárcel La Picota.
Posteriormente, el viernes 18 de marzo el Inpec de nuevo quedó en medio de la controversia nacional por cuenta de la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán alias 'Matamba', quien utilizando un uniforme oficial de la guardia del Instituto, salió de la cárcel La Picota de Bogotá.
Tras lo ocurrido se abrieron investigaciones contra los 55 integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia que durante la noche del jueves 17 y la madrugada del viernes 18 de marzo tuvieron turno.
A raíz de los operativos y de las investigaciones que se realizaron capturaron al inspector de la cárcel, Milton Jiménez, a quien la la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de favorecimiento de la fuga y abuso de autoridad, por su presunta participación en la planeación y ejecución del plan del escape de quien fuera el hombre de confianza de alias 'Otoniel', exjefe del 'Clan del Golfo'.
Durante las audiencias la Fiscalía reveló testimonios de los guardianes que también tuvieron turno en la madrugada que se fugó alias 'Matamba' además, de conversaciones de Whatsapp, videos de seguridad e interceptaciones telefónicas.
El juez de Control de Garantías decidió enviarlo a la cárcel Modelo de Bogotá, por considerar que representa un peligro para la sociedad, para los testigos del caso y porque podría continuar obstruyendo la justicia, ya que cuando fue capturado, entregó información falsa a las autoridades para desviar la investigación, según argumentó en su momento el delegado de la Fiscalía.
Fuga del 'cerebro' del 'Invima paralelo'
El pasado martes 29 de marzo, el Inpec le confirmó a RCN Mundo que Claudia Lizeth Peñaranda, condenada por el escándalo de corrupción, conocido como el 'Invima paralelo' se fugó de la prisión domiciliaria que un juez le había impuesto, tras ser condenada a cuatro años y siete meses de prisión en octubre de 2021.
La fuga se descubrió luego que por orden del director del Inpec, general Tito Yesid Castellanos, se hubiese iniciado un rastreo nacional para identificar si los sindicados o condenados que están bajo detención y prisión domiciliaria, están cumpliendo a cabalidad con la prohibición de salir de sus residencias.
Luego de las fugas, el nuevo director del Inpec, general Tito Yesid Castellanos, ordenó adelantar un rastreo de las 74.435 personas privadas de la libertad que a nivel nacional están cobijadas con detención (sindicados) y prisión (domiciliaria), con el que busca determinar quienes están cumpliendo o no con la medida.