Investigan casos de corrupción en el ingreso de cebolla proveniente de Perú que afecta a productores locales
Luego que se haya logrado levantar de manera provisional los bloqueos en los tres puntos que estaban cerrados en la vía Cúcuta-Ocaña por parte de los productores de cebolla en la provincia, La Agencia de Desarrollo Rural, el ministerio de agricultura y las autoridades regionales avanzan en las mesas de trabajo junto a los productores para solucionar la crisis por el contrabando de este producto.
Una de las solicitudes de las comunidades es entrar a revisar la regulación y la mitigación de los impactos del Tratado de Libre Comercio, con los países vecinos del Perú, Ecuador y Chile, ante las dificultades que registran los productores rurales por la sobreproducción de la cebolla roja en la zona.
Sin embargo, Luis Alberto Higuera Malaver director de la de la Agencia para el Desarrollo Rural indico que se adelantan una serie de investigaciones para determinar si se están presentando casos de corrupción en los procesos de importación de cebolla desde Perú y Ecuador.
“Estamos detectando que con un solo permiso de importación de una tracto-mula de Perú entran tres o cuatro vehículos adicionales, es decir que se están presentando actos de corrupción en la frontera que hacen que con el permiso para una sola tracto-mula con treinta toneladas, están entrando más de 100 toneladas y es ahí donde se presenta el desbalance en el comercio de la cebolla”; expreso el representante de la Agencia para el Desarrollo Rural.
Además, el alto funcionario ha confirmado que se han logrado identificar un sinnúmero de pasos ilegales en la frontera en el sector de Rumichaca, en el departamento de la Guajira.
“Tenemos dos problemas, la cebolla que entre de contrabando y la que ingresa adicionalmente con fraude aparentemente legal; estamos adelantando una serie de acciones para frenar este fenómeno que está afectando a los productores rurales”.
Ante esta situación, se instaló un puesto de mando unificado liderado por el gobierno nacional, la policía fiscal y aduanera, el Ica, la gobernación de Nariño y representantes de los gobiernos de Perú y Ecuador para realizar los controles que mitigan este fenómeno de contrabando.