En 2022, poco antes de ser extraditado, Juan Larrison Estupiñán, alias 'Matamba', se escapó de la cárcel ‘La Picota’ en Bogotá y se convirtió en prófugo de la justicia.
Sin embargo, el 26 de mayo del mismo año, la Policía informó que fue dado de baja en un enfrentamiento en el municipio de Bolívar en Santander.
Hechos que presuntamente fueron simulados y alias ‘Matamba’ podría haber sido torturado y asesinado por seis uniformados de la Policía adscritos al comando Jungla de la Dirección Antinarcóticos; un mayor, tres subintendentes y dos intendentes. Todos enfrentarían un proceso judicial que estaba en ‘veremos’ debido a un conflicto de competencias entre dos juzgados de Santander para llevar a cabo las audiencias.
El conflicto inició porque la Fiscalía 88 Especializada de Derechos Humanos de Bucaramanga, radicó este año una solicitud de imputación de cargos contra los uniformados ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Peñón, Santander. Sin embargo, el Juez se declaró impedido porque consideró que el caso debía ser llevado por un juez especializado de Bucaramanga.
Por lo que la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia solucionó ese conflicto y determinó que el caso debe llevarse a cabo por un juez del municipio de Bolívar, Santander, donde se presentaron los hechos.
“En ese orden de ideas, toda vez que, en dicho municipio tiene jurisdicción el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, es a esta autoridad la que le corresponde conocer de las solicitudes radicadas por el delegado fiscal”, cita el auto de la alta corte. A este caso se ha sumado el reclamo por parte del tribunal de la Justicia Penal Militar sobre su competencia en el manejo de este proceso.
El conflicto inició porque la Fiscalía 88 Especializada de Derechos Humanos de Bucaramanga, radicó este año una solicitud de imputación de cargos contra los uniformados ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Él Peñón, Santander. Sin embargo, el Juez se declaró impedido porque consideró que el caso debía ser llevado por un juez especializado de Bucaramanga.
Por lo que la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia solucionó ese conflicto y determinó que el caso debe llevarse a cabo por un juez del municipio de Bolívar, Santander, donde se presentaron los hechos.
“En ese orden de ideas, toda vez que, en dicho municipio tiene jurisdicción el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, es a esta autoridad la que le corresponde conocer de las solicitudes radicadas por el delegado fiscal”, cita el auto de la alta corte. A este caso se ha sumado el reclamo por parte del tribunal de la Justicia Penal Militar sobre su competencia en el manejo de este proceso.