Polémica por tasa de seguridad en Santander desata pulso político entre el Gobernador y un congresista

El trámite del proyecto de ordenanza que busca implementar una tasa de seguridad en Santander continúa generando polémica. Esta vez, el enfrentamiento se dio entre el gobernador del departamento, Juvenal Díaz, y el representante a la Cámara, Cristian Avendaño, quien cuestionó la legalidad y el alcance de la propuesta.

Avendaño rechazó el intento de avanzar con la iniciativa en medio de posibles conflictos de interés entre los diputados que la debaten.

“No le temo a las amenazas del gobernador ni a sus anuncios de llevarme a la Corte Suprema. Estoy dispuesto a un debate público donde pueda demostrar que este proyecto carece de rigurosidad técnica y no refleja la realidad económica de los santandereanos”, aseguró el congresista, quien además presentó una recusación formal que impidió el segundo debate en la Asamblea Departamental.

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Desde la Gobernación, el mandatario, Juvenal Díaz, aseguró que se han seguido todos los procedimientos legales y acusó a los opositores del proyecto de entorpecer deliberadamente su avance. 

“Hay una recusación y eso me parece traído de los cabellos, van a acusar a los diputados hasta porque respiran. Las recusaciones son un intento por obstaculizar los trámites. Si hay dudas, es la Procuraduría la que debe resolver”, afirmó.

El proyecto, que en principio contemplaba una tarifa aplicada a través de los recibos de energía, generó rechazo por parte de la ciudadanía, especialmente por la falta de socialización y claridad en los topes del cobro. Según la Gobernación, la tasa permitiría recaudar hasta 280 mil millones de pesos, que se invertirían en temas de seguridad e infraestructura, incluyendo centros de monitoreo con tecnología avanzada.

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Por ahora, la Procuraduría Regional de Santander deberá evaluar las recusaciones para determinar si existe o no impedimento entre los diputados. Entre tanto, Avendaño insiste en que la discusión debe llevarse a las provincias y a las cámaras de comercio para escuchar a los afectados. 

“No puede aprobarse algo tan importante a puertas cerradas y sin escuchar a quienes realmente van a pagar”, concluyó.