Carlos Mattos, expresidente de Hyundai en Colombia
La solicitud fue dirigida al fiscal delegado Daniel Hernández Martínez.
La defensa del empresario Carlos Mattos envió una carta a la Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó que se evalúe la posibilidad de declarar la terminación anticipada del proceso que se sigue en el país contra su cliente por supuesta responsabilidad en soborno a funcionarios judiciales.
La comunicación fue dirigida al fiscal delegado a cargo del proceso Daniel Ricardo Hernández Martínez y podría conllevar a que Mattos acepte cargos, o incluso una eventual delación de otros de los implicados en este caso de corrupción judicial.
En la carta, el abogado Iván Cancino señaló que "esta defensa desea iniciar y adelantar una terminación anticipada de los procesos penales (...) Así como conocer la postura de la Fiscalía en cuanto a iniciar este trámite frente a la posible terminación de las actuaciones que actualmente cursan en contra de mi cliente".
Esta carta se conoció poco después de que la justicia española autorizara de nuevo la extradición del empresario hispano-colombiano Carlos Mattos a Colombia, donde es requerido por presuntos sobornos a funcionarios para salir beneficiado en un millonario litigio judicial que mantuvo con la compañía coreana Hyundai Motor Company.
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Mattos, ex delegado de Hyundai en Colombia, se ha enfrentado a dos procesos de extradición en España. Uno de los procesos se relaciona con la reclamación por un supuesto pago de 200 millones de pesos a una juez de Bogotá.
El segundo caso es por el presunto soborno a funcionarios de la administración de justicia de Bogotá, para dirigir el reparto de la demanda iniciada por la empresa Hyundai Colombia Automotriz (de la que él era accionista mayoritario), en contra de la compañía coreana Hyundai Motor Company.
De acuerdo con los investigadores, bajo estas actuaciones irregulares, Mattos supuestamente logró manipular el sistema de reparto de demandas para que recayera en un juzgado cuyo titular recibió dinero y decretó una medida cautelar favorable a sus intereses, hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho y daños informáticos.
Fuente
Sistema Integrado de Información
