Corrupción - Soborno
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11 Feb 2025 09:27 AM

¿Cómo está Colombia en términos de corrupción a nivel internacional?

Juan Camilo
Cely
Colombia obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, por debajo de Uruguay

Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional, presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, el principal indicador mundial sobre corrupción en el sector público. En esta edición, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, lo que representa una caída de un punto con respecto a 2023 y una pérdida de cinco posiciones en el ranking global, ubicándose en el puesto 92 de 180 países evaluados.

El IPC asigna puntajes de 0 a 100, donde 100 indica una percepción de alta transparencia y 0 representa una percepción de corrupción extrema. A nivel mundial, los países mejor puntuados fueron Dinamarca (90), Finlandia (88), Singapur (84) y Nueva Zelanda (83). En contraste, los peores calificados fueron Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (8), este último en la última posición.

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En América Latina, Colombia se encuentra muy lejos de Uruguay (76), pero por encima de Argentina (37), Brasil (34), Ecuador (32) y Perú (31). Dentro de los países de la OCDE, cuyo promedio es de 65 puntos, el país está entre los peor calificados, solo por delante de México (26) y Turquía (34).

Falta de resultados en la lucha contra la corrupción

El puntaje obtenido refuerza una tendencia preocupante: cualquier calificación por debajo de 50 indica problemas graves de corrupción. A pesar de mejoras en algunos años anteriores, el IPC 2024 confirma un estancamiento y la falta de avances significativos.

La administración del presidente Gustavo Petro no ha logrado consolidar la lucha contra la corrupción como una prioridad estratégica. Su gestión ha estado marcada por escándalos y cuestionamientos en su entorno cercano. Además, los grandes casos de corrupción continúan sin resolverse, como el desvío de recursos en la UNGRD, la presunta financiación irregular de la campaña presidencial y los cuestionamientos en Ecopetrol.

Diversos estudios refuerzan este diagnóstico:

  • Invamer (2024) advierte sobre el deterioro en la lucha anticorrupción.

  • Cifras y Conceptos (2024) destaca este tema como el punto más débil de la administración Petro.

Ante este panorama, el gobierno enfrenta un desafío significativo para recuperar la confianza ciudadana y demostrar un compromiso real con la transparencia.

Perspectivas para 2025: Retos y oportunidades

En diciembre de 2024, el gobierno expidió la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, con pocos meses para su implementación, se requiere una acción rápida y decidida para que tenga impacto antes del final del mandato de Petro.

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El próximo año será clave en varios frentes:

  1. Investigaciones en curso: Se pondrá a prueba la capacidad de la justicia para avanzar en casos de corrupción.

  2. Nuevo Procurador General: Deberá demostrar independencia y efectividad en medio de críticas sobre su cercanía al poder.

  3. Debate legislativo: El Congreso discutirá la nueva ley de distribución de recursos entre la nación y los territorios, proceso que debe blindarse contra la corrupción.

  4. Elecciones regionales: Aumentan los riesgos de corrupción por el uso clientelista de recursos públicos.

A pesar de la crisis fiscal, el gobierno está bajo presión para mostrar resultados concretos en la inversión de recursos. Sin una planificación rigurosa y controles efectivos, esto podría incrementar los riesgos de corrupción.

“El agotamiento frente a las promesas incumplidas no puede ser la constante de nuestra democracia. El 2025 será un año crucial para determinar si las instituciones y la sociedad civil están preparadas para lograr y exigir un cambio real”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

“Si queremos avanzar hacia un país más justo, debemos priorizar el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los recursos públicos. No se trata solo de combatir la corrupción, sino de construir confianza y devolverle a la ciudadanía la certeza de que sus derechos y necesidades están en el centro de la gestión pública”, concluyó Hernández.