5 Ene 2023
09:49 AM
Conforman agencia especializada contra la jueza que liberó a los "voceros de paz"
Ese organismo designó a uno de los delegados de asuntos penales para liderar este proceso.
La Procuraduría anunció la conformación de una agencia especializada que representará a ese organismo en el proceso legal que se adelanta contra la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, Lilyan Johana Bastidas, por la polémica liberación de dos jóvenes que fueron designados como "voceros de paz" y que habrían participado en hechos violentos durante las protestas del paro nacional del 2021.
El encargado de liderar dicha agencia será el titular de la Procuraduría 17 Judicial II Penal, que tendrá la misión de hacer parte de todas las etapas del proceso que fue solicitado por el ente de control, luego de presentar la denuncia penal ante la Fiscalía delegada en el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 29 de diciembre de 2022.
La Procuraduría señaló que le pidieron a los centros de servicios judiciales de diferentes ciudades del país, que le notifiquen al ministerio público todas las decisiones y procesos que se realicen con jóvenes que sean miembros del grupo "La Primera Línea" y que serán tenidos en cuenta por el Gobierno Nacional para ser designados y desempeñarse como voceros de paz.
Ese organismo tiene la lupa puesta sobre la jueza Bastidas, pues en denuncias realizadas el 28 de diciembre, la procuradora general, Margarita Cabello, expresó que en su concepto, la coordinadora de Paloquemao se extralimitó en sus funciones al firmar el documento que levantaba la medida de aseguramiento en centro carcelario de Santiago Márquez Charriz, señalado de agresiones contra policías durante el estallido social y Adriana Esperanza Bermeo, condenada por cometer actos violentos en las protestas.
Además de la investigación penal por el delito de prevaricato por acción, la Procuraduría también solicitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que investigue a la funcionaria, pues considera que no actuó conforme a sus compromisos como juez, sino que fungió como tramitadora de un decreto presidencial, al no hacer revisión de la solicitud y no haber avisado a las partes intervinientes del proceso la decisión de permitir la libertad de los dos jóvenes.
Fuente
Sistema Integrado de Información
