La advertencia la realizó la Procuraduría General de la Nación, vinculando a cada ente territorial con las Secretarías de Salud.
1 Ago 2022
03:04 PM
Juicio disciplinario a policías por caso de joven que se suicidó tras presunta agresión sexual
Denunciaron que la joven fue retenida a la fuerza por integrantes de esa división policial.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos para iniciar un juicio disciplinario contra dos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), por un presunto exceso de la fuerza contra una joven de 17 años que se suicidó luego de ser víctima de un supuesto caso de agresión sexual en un CAI de Popayán.
Cabe mencionar que los hechos se remontan al 12 de mayo del 2021, cuando al parecer la adolescente fue retenida a la fuerza tras grabar con su celular algunos procedimientos de los uniformados en el marco del paro nacional.
Sin embargo, esos hechos fueron negados por la Policía que informó que la menor estuvo retenida varias horas y fue entregada a sus familiares en compañía de funcionarios de Infancia y Adolescencia en buenas condiciones de salud.
La investigación disciplinaria está en manos de la delegada para la Fuerza Publica y se adelanta contra los uniformados Brayan Zambrano y Carlos Quintero, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios número nueve, para la época de los hechos.
“Las pruebas señalan que al parecer la adolescente se encontraba tendida en el antejardín de una residencia del barrio Versalles Pajonal grabando con su teléfono celular el procedimiento que realizaba la Policía, cuando fue requerida por uniformados del Grupo de Operaciones Especiales, Goes, quienes la sujetaron por sus brazos y en ese momento aparentemente el uniformado Zambrano le habría propinado un golpe sin razón alguna”, destaca uno de los apartes de un comunicado de la Procuraduría.
En mayo del 2021, la Procuraduría solicitó información a Medicina Legal sobre los resultados forenses para tener claridad frente a la muerte de la menor de edad.
Para la época de los hechos, la abogada Lizzeth Montero, quien asumió la defensa del caso en representación de la familia de la menor, dijo que el abuso y el exceso de la fuerza pública fue evidente y su detención se produjo cuando estaba con unos amigos y sin participar de las manifestaciones por el paro nacional en esa ciudad.
En medio de la investigación, la Procuraduría cuestionó al patrullero Carlos Quintero Bonilla, quien “presuntamente causó de manera intencional daño a la menor de edad por el exceso de uso de la fuerza al momento de su traslado a las instalaciones de la URI de Popayán, “posiblemente encuellando, asfixiando o haciendo fuerza sobre el cuello de la joven, cuando era trasladada por otros policiales”.
Fuente
Sistema Integrado de Información
