"Tenemos el récord a nivel nacional de hacinamiento": defensor del Pueblo de Santander
La Defensoría del Pueblo de Santander enciende sus alertas tras las brigadas que se vienen realizando en las estaciones de la policía, donde no solo el hacinamiento tiene desbordados los centros transitorios, también la falta de garantías jurídicas que terminan afectando los derechos de los detenidos.
“Aquí en Santander, específicamente en el área metropolitana de Bucaramanga, en sus 8 estaciones de la Policía tenemos el récord a nivel nacional de hacinamiento. Solo en las tres celdas de Floridablanca hay un hacinamiento de 867%”, comentó Rodrigo González Márquez, el defensor del Pueblo regional.
Incluso, conforme a los datos suministrados por el veedor de los derechos carcelarios del departamento, Hernando Mantilla, “al día de hoy el porcentaje de hacinamiento solo en Bucaramanga está por encima del 1.100%”.
Mensualmente la Defensoría del Pueblo viene realizando de a cuatro brigadas en cada una de las estaciones, donde algunas han presentado casos más graves que otras.
Asimismo, el defensor manifestó que son consientes de que la custodia por más de 36 horas de los capturados no es responsabilidad específica de la Policía, por lo que se generan unos vacíos, motivo que los lleva a hacerle un llamado al Gobierno Nacional para frenar la situación.
“Muchos tienen quejas respecto a la salud. No tienen facilidad para acceder a consultas o una cita medica, y no solo eso, no tienen visitas de familiares para poder recibir medicamentos, falta de comida, ni pueden recibir el sol”, señaló González Márquez.
Por tal motivo, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Colombia, se le hace un llamado al Gobierno y al Ministerio de Justicia para verificar las gestiones pertinentes e informar la situación a la Corte Constitucional.
“Necesitamos voluntad del Inpec, de la Uspec, y del Ministerio de Justicia, quien ha visitado la ciudad y conoce la problemática. Pese a que se dictaminaron algunas ordenes, llevarlas a su ejecución ha sido muy complejo”, enfatizó el defensor de Santander.
Aunque continúen las mesas de seguimiento y comités para hacerle frente a la situación, para la Defensoría no ha sido fácil atender todas las peticiones jurídicas de los detenidos. Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ya había emitido la sentencia SU-122 de 2022 para evaluar el estado de estos centros.
“Estamos haciendo seguimiento a los temas inconstitucionales. Nos entrevistamos con los privados de la libertad, escuchamos sus peticiones. Tramitamos de oficio sus quejas y adicionalmente estamos realizando brigadas jurídicas, por la falta de recursos para solicitar hasta un traslado”.
Por lo que el defensor dijo que aunque los seguimientos han sido constantes, para mejorar la calidad de vida de estas personas, la tarea no depende solo de la Defensoría. Las brigadas las vienen haciendo 5 defensores públicos en cada uno de los centros de detención transitoria.