El Consejo de Estado confirmó que se mantiene vigente el decreto de ordenamiento ambiental minero

El Consejo de Estado rechazó la solicitud de medida cautelar contra el Decreto 044 de 2024, el cual establece un nuevo ordenamiento ambiental minero con el objetivo de proteger ecosistemas estratégicos en torno al agua.

La decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo reafirma la vigencia de la norma y su importancia para la gestión ambiental del territorio.  

El decreto, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece los criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en zonas de alto valor ecológico.

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Estas disposiciones buscan garantizar un manejo ambiental coordinado entre las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y las autoridades del sector minero-energético.  

Según la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la decisión del alto tribunal respalda los esfuerzos gubernamentales para asegurar el uso sostenible del recurso hídrico en el país. “Con esta decisión se fortalece el ejercicio del sector ambiental en la protección de los recursos hídricos, vitales para la vida y el desarrollo sostenible. Este decreto, en un esfuerzo conjunto con las autoridades del sector minero energético, busca garantizar una gestión integral y responsable del agua frente a la actividad minera”, señaló la funcionaria.  

El Consejo de Estado argumentó que los fundamentos de la medida cautelar solicitada eran erróneos, ya que el decreto no modifica ninguna norma existente, sino que se sustenta en la sentencia del 4 de agosto de 2022, la cual ordenó su implementación para cumplir con el Artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974.  

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Asimismo, el fallo indica que se garantizará la participación ciudadana en la expedición de futuras reservas temporales, despejando dudas sobre el alcance de la norma.

En este sentido, la decisión del alto tribunal respalda el proceso regulatorio del Ministerio de Ambiente y enfatiza la necesidad de mantener la norma dentro del ordenamiento jurídico.  

El Gobierno Nacional destacó que la negativa de la medida cautelar permite avanzar en la protección de ecosistemas estratégicos y reiteró su compromiso con el equilibrio entre desarrollo minero y sostenibilidad ambiental.  

A la fecha, el sector minero representa el 2% del PIB colombiano, pero su impacto sobre los recursos naturales ha generado tensiones con comunidades locales y organizaciones ambientales. Con este decreto, se busca reducir la conflictividad ambiental y garantizar un uso más responsable de los recursos naturales.  

Finalmente, el fallo del Consejo de Estado mantiene en firme el Decreto 044 y reafirma la potestad del Estado para regular la actividad minera bajo criterios ambientales estrictos.