La Procuraduría advierte que 53 municipios de Colombia han sido recontaminados por minas antipersonales

La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una gran alerta por la recontaminación de minas antipersonal en 53 municipios del territorio nacional.

El ente disciplinario ha hecho varias recomendaciones a entidades gubernamentales para enfrentar esta crisis. Además, el ente disciplinario aseguró que también persiste el uso de artefactos explosivos improvisados por parte de grupos armados criminales en zonas con factores de inestabilidad en materia de seguridad en el país.

A propósito de la conmemoración del Día Internacional de Sensibilización Contra las Minas Antipersonal, el procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz reveló que, pese a los esfuerzos del Gobierno nacional para desescalar el conflicto armado e incentivar las actividades de desminado, las organizaciones criminales persisten en el uso de estos artefactos explosivos, proscritos por el Derecho Internacional Humanitario, DIH.

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De acuerdo con cifras del Grupo de Acción contra Minas Antipersonal, AICMA, 53 municipios, de los 935 que ya estaban declarados libres de sospecha por estas minas han sido recontaminados, en otros 84 se adelantan operaciones de desminado humanitario y 102 están pendientes por intervenir.

Frente a este panorama, y durante el conversatorio sobre Desminado Humanitario organizado por las entidades oficiales, la academia y sociedad civil, el Ente de Control hizo recomendaciones claves a las organizaciones estatales y humanitarias para enfrentar con efectividad este flagelo, como exigir a los grupos armados con los que se dialoga, que dejen de emplear minas antipersonal y otros artefactos explosivos y permita la apertura de espacios humanitarios para que las Organizaciones de Desminado Humanitario puedan hacer su tarea.

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El Ministerio Público También planteó la necesidad de actualizar la política pública de acción contra minas antipersonal, que no cuenta con documento Conpes desde 2019, entre otros.

Por último, solicitó a las autoridades del orden nacional y territorial contrarrestar esta amenaza y garantizar el retorno de las comunidades a sus territorios, según lo dispuesto en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.