Más de 700 uniformados han sido víctimas de minas antipersonal desde la firma del acuerdo de paz
Al cumplirse cinco años de la firma del acuerdo de paz, 772 uniformados de la fuerza pública ha sido víctimas de artefactos explosivos improvisados, desde el año 2016 hasta la fecha.
Según la Corporación Milvíctimas, 107 miembros de la fuerza pública han sido asesinados en estos hechos, siendo las disidencias de las Farc y el ELN los máximos responsables del empleo de métodos y medios de guerra ilícitos.
Diana Cubides investigadora de la Corporación MilVíctimas, expresó su preocupación por el empleo sistemático de métodos y medios de guerra ilícitos como política de los grupos armados organizados al margen de ley, con el cual se vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos y se infringe el Derecho Internacional Humanitario.
“Las víctimas de minas antipersona esperan la apertura de varios casos por este flagelo en la JEP. Pese a los esfuerzos por ser tenidos en cuenta en la Jurisdicción Especial para la Paz, varios militares y policías víctimas de minas antipersona y sus familias, continúan a la espera de la apertura del macro caso que priorice esta modalidad de violencia”, indicó la Corporación.
En diálogo con RCN Radio, Roberto Márquez, miembro de la Fuerza Pública y víctima de una mina antipersona en el Cesar, hizo un llamado para no excluir a las personas militares y policías. “Las víctimas de minas tenemos derechos también, nos han excluido, deben reconocer que también somos personas, salimos de casa con un futuro y en manos del conflicto perdimos casi todo”, señaló.
Por su parte, Juan Carlos Castillo, que hace parte de la Policía Nacional y víctima de mina antipersona, reclamó oportunidades, en el marco de la implementación de los acuerdos.
“El reclamo que hacemos es que nos tengan en cuenta y nos incluyan, que podamos acceder a una curul, también queremos ser incluidos en la parte educativa, que nos den oportunidades y prioridad, nosotros las víctimas de minas estamos excluidos”, dijo.
La Corporación Milvíctimas invitó a los organismos y países garantes de la implementación de los acuerdos para que "rechacen y definan acciones de respaldo a las víctimas de la fuerza pública, quienes antes y posterior a la firma de los acuerdos, continúan siendo los principales blancos de ataques indiscriminados por grupos armados organizados".