Los hechos aislados están siendo investigados por las autoridades.
Eln y las disidencias de las Farc delinquen en la región y atemorizan a la población.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió alerta la temprana 026 de 2022, en la que se advierte el grave riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos y líderes sociales del municipio de Toledo (Norte de Santander), en la frontera con Venezuela.
A través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) se identificó que existe un alto riesgo de vulneraciones de los derechos a la vida e integridad de líderes sociales, ambientales y comunales, y a quienes promueven la defensa de los derechos humanos.
Entre las posibles víctimas de los ataques perpetrados por los grupos armados ilegales del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc se encuentran docentes, funcionarios públicos, población migrante, autoridades tradicionales del pueblo u’wa.
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En el extenso documento de la Defensoría, se advierte acerca del peligro en el que permanecen los niños, niñas y adolescentes con el reclutamiento forzado.
En los nueve meses de este año se han presentado cinco casos de agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, cuatro individuales y uno colectivo, todos se presentaron en el municipio de Toledo.
La advertencia de la Defensoría se enfoca principalmente en los hechos de violencia armada que podrían presentarse en el área urbana y rural de Toledo, por la presencia del ELN y las disidencias de las Farc.
Por medio del conflicto buscan ejercer el control total, a través de amenazas, homicidios selectivos, masacres, desplazamiento, entre otras acciones de intimidación o vulneración de derechos.
“Emitimos esta nueva Alerta Temprana ante el alto riesgo de vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en esta comunidad fronteriza. Les reitero a estos grupos armados ilegales detener sus acciones contra la población civil y aprovechar la oportunidad de diálogo que les brinda el Gobierno Nacional”, dijo Camargo Assis.
Teniendo en cuenta la grave situación la Defensoría emitió 19 recomendaciones a entidades nacionales, regionales y locales para que se garanticen los derechos de la población civil.
“Hemos solicitado se adopten medidas de prevención, protección y disuasión. De manera particular, al Ministerio del Interior le recomendamos asesorar técnicamente al municipio de Toledo y actualizar el Plan Integral de Prevención a violaciones de derechos humanos, además de adelantar una mesa para que los cabildos u’wa puedan manifestar sus preocupaciones”, afirmó.
Fuente
Sistema Integrado de Información
