Más de 78 líderes y defensores han sido amenazados en Norte de Santander
Un informe realizado por la Fundación Progresar deja al descubierto la cruda realidad de seguridad que hoy viven en Norte de Santander en materia de seguridad defensores de derechos humanos y líderes sociales.
En diálogo con RCN Mundo, Wilfredo Cañizares director de la Fundación Progresar entregó detalles de la información recopilada en 20 meses de trabajo.
“Elaboramos un informe que tiene que ver básicamente con la problemática de amenazas y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Norte de Santander. Desde enero de 2021 a septiembre de 2022, es una problemática supremamente grave como lo demuestran las cifras”, indicó el defensor de derechos humanos.
Sobre los autores de estos hechos, Cañizares ha indicado que son de parte de todos los grupos armados que tienen su accionar delictivo en el departamento, pero que son tres los que atemorizan y atacan a los líderes y defensores con más frecuencia.
“Amenazas de todas las estructuras armadas ilegales, principalmente del Clan del Golfo, de las Disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional; que son las tres organizaciones que más han agredido a los 78 líderes que hemos atendido en este periodo de tiempo”, señaló Wilfredo Cañizares.
Por otra parte, el defensor de derechos humanos de Norte de Santander, señaló que la capital del departamento y algunos municipios del Catatumbo son los lugares donde se concentran los casos de violencia contra líderes y defensores.
“Principalmente se concentran, y que es lo más grave de todo esto, es en Cúcuta, como el sitio con mayor número de casos de amenazas, 40 en total; seguido también de los municipios del Catatumbo y del área metropolitana”, indicó.
En 21 meses, la Fundación Progresar le ha brindado acompañamiento a 78 líderes sociales amenazados en el departamento, de los cuales son 48 hombres y 30 mujeres, 75 fueron amenazas directas y 57 fueron obligados a salir de su territorio.
“Han tenido que salir casi la mitad de ellos, pues la amenaza ha sido directa, un poco más de la mitad de ellos han sido obligados a salir del territorio, algunos permanecen en el área metropolitana de Cúcuta, otros han tenido que salir del departamento y tenemos un caso que ha salido del país”, puntualizó el director de la Fundación Progresar.