Los hechos se vienen presentando en la vereda 20 de julio desde el pasado 18 de septiembre.
Existe molestia por parte de los habitantes de la zona rural del municipio de Tibú, ante los constantes operativos de erradicación que cumplen integrantes del Ejército Nacional en el sector de la vereda 20 de Julio.
Los cultivadores de coca señalan que se encuentran en proceso de sustitución a través del PNIS, y acciones como estas crean conflicto entre Fuerza Pública y las comunidades.
“Desde hace tres días se han venido presentado maniobras de erradicación forzada violenta en el municipio de Tibú, específicamente en la vereda 20 de julio. La preocupación de las comunidades es porque el presidente de la república y el ministro de la defensa anunciaron que las erradicaciones y las fumigaciones quedaban suspendidas; pero el Ejército insiste en que tienen orden presidencial y que van a seguir erradicando” indicó Holmer Pérez, miembro de Ascamcat.
Por otra parte, el líder campesino añadió “las comunidades están muy preocupadas, y nosotros como líderes de la región también, frente a estas maniobras de erradicación ya que las mismas vienen acompañadas de la violencia, pues las comunidades se oponen a que se erradique forzadamente, el Ejército insiste en hacerlo y esto genera un ambiente de zozobra”.
Y es que para el directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), se tienen antecedentes de hechos donde han perdido la vida algunas personas por estas confrontaciones.
“Ya tenemos el antecedente del asesinato por parte de la Fuerza Pública del compañero Alejandro Carvajal del municipio de Sardinata, nuestro compañero Buendía en el área metropolitana de Cúcuta, y no queremos que esto siga ocurriendo, y más aún en un gobierno alternativo” señaló.
ASCAMCAT igualmente señala que estas acciones agudizan la situación económica de las familias que viven de la siembra de coca, ya que es su única fuente de ingresos y estos hechos se convierten en una violación de los DDHH de esta comunidad.
Finalmente, consideran necesario que exista una política clara de manejo a los cultivos de uso ilícito que sea consecuente con las demandas de las comunidades campesinas dedicadas desde hace varias décadas a estas actividades, y las cuales han manifestado una voluntad de construir alternativas económicas con garantías y de cara a la protección de sus territorios.
Fuente
Sistema Integrado Información
