Un juez de Ejecución de Penas y medidas de seguridad de Bogotá le negó el beneficio de libertad condicional a Jesús Armando Sarria, esposo de Elizabeth Montoya, conocida como la 'monita retrechera' y quien era la encargada del manejo de los ingresos de recursos a la candidatura presidencial del Partido Liberal.
Su esposo quien en ese entonces era policía, participó dentro de la investigación que adelantaron las autoridades por la filtración de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial del expresidente Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998).
A finales de la década de los 90, el escándalo de corrupción denominado el 'proceso 8.000' sacudió al país, por cuenta de la supuesta financiación del 'Cartel de Cali' liderado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, en la campaña política del entonces candidato, Ernesto Samper Pizano.
Precisamente, el esposo de la 'monita retrechera' fue fundamental dentro de la investigación que adelantó en ese entonces la Fiscalía General de la Nación.
En medio de la controversia nacional en la que se conocieron interceptaciones telefónicas, los esposos fueron vinculados formalmente al denominado 'Proceso 8:000'. No obstante, Elizabeth Montoya fue asesinada por dos hombres armados que llegaron hasta su apartamento ubicado en un reconocido sector del norte de la capital colombiana, el 2 de febrero de 1996.
Al poco tiempo, su esposo despareció sin dejar rastro y se forjó una fortuna en el negocio de las esmeraldas. En julio de 2009, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Jesús Armando Sarria a 10 años de cárcel por el delito de tentativa de homicidio contra el empresario Elkin Yesid Barajas, ocurrido en abril de 2008 en Bogotá.
Al poco tiempo, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena. Luego de varios años de no conocer su paradero fue capturado en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander).
Recientemente y a través de su abogado defensor, este hombre solicitó el beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, un juez de Ejecución de Penas negó dicha petición al considerar que no cumple con los requisitos que exige la ley, por lo que deberá seguir privado de la libertad.
Cabe recordar que por el escándalo del 'Proceso 8.000' no hay ninguna condena hasta el momento.