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Solicitan declarar inexequible el decreto de Conmoción Interior por la crisis del Catatumbo
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) envió un requerimiento a la Corte Constitucional pidiendo la declaración de inexequibilidad del Decreto 062 del 24 de enero de 2025, mediante el cual se declaró el Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo. Según la CEJ, dicho decreto es incompatible con la Constitución Nacional.
La entidad fundamentó su solicitud en que el recrudecimiento de la violencia en la región no constituye un hecho “sobreviniente ni imprevisible”, sino que se trata de una crisis que ya había sido alertada por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con la CEJ, uno de los requisitos esenciales para declarar el estado de conmoción interior es que las circunstancias deben ser inesperadas, lo cual no ocurre en este caso.
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“La medida de excepción debe estar precedida de hechos que no puedan preverse ni anticiparse. Sin embargo, las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo demuestran que la situación en el Catatumbo no cumple con esos criterios. El Decreto 062 de 2025 no surge de eventos imprevisibles, como exigen los artículos 212 y siguientes de la Constitución”, señaló la Corporación.
En lugar de recurrir a medidas extraordinarias, la CEJ hizo un llamado al Gobierno para que se implementen políticas públicas integrales que aborden la crisis humanitaria en el nororiente del país.
La Corporación recordó que el conflicto armado en Colombia ha durado varias décadas y que, como en otras zonas históricamente afectadas por la violencia, lo que el Estado debe aplicar son soluciones estructurales y no medidas excepcionales que no demuestran una necesidad urgente ni justificada.
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La CEJ también expresó su preocupación de que la declaración de exequibilidad del Decreto 062 de 2025 podría sentar un precedente peligroso.
Según la Corporación, si la Corte Constitucional aprueba la medida, le estaría dando al Gobierno Nacional un “cheque en blanco” para extender el Estado de Conmoción Interior a otras regiones del país que enfrentan situaciones similares de violencia estructural como en Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, La Guajira, Guaviare, Meta, Nariño y Putumayo, entre otras.