Mineros de Vetas (Santander) se declaran en desobediencia civil por la prohibición de la extracción en el páramo

Cientos de habitantes de Vetas (Santander) se declararon en desobediencia civil, como respuesta a la reciente prohibición de la minería legal en su territorio, impuesta por el Ministerio de Ambiente a través de la Resolución 0221 de 2025.

Los mineros exigen la realización de una consulta popular que les permita decidir sobre su actividad económica y rechazaron la' Zona de Reserva Temporal' que afecta a más de 35.000 personas en la provincia de Soto Norte.  

Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y de la Fundación Dignidad Minera, aseguró que la comunidad no aceptará la imposición de medidas que desconocen su vocación histórica.

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“Nos declaramos en desobediencia civil. Si vienen por un vetano, vienen por todos, no lo vamos a permitir. Le solicitamos a la alcaldesa municipal, al concejo y a las demás autoridades competentes que se adelante una consulta pública y democrática en Vetas y en toda Soto Norte para que votemos contra esa prohibición a la minería”, afirmó.  

La medida ha venido siendo cuestionada desde el pasado 3 de marzo por parte de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y los alcaldes de la región, cuando la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, firmó la resolución.

Los opositores denunciaron inconsistencias técnicas y jurídicas en la decisión, además de la falta de participación de las comunidades afectadas.  

La llegada de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y de la Corporación Colombia Internacional a Vetas (Santander) para socializar un proyecto de censo minero y reconversión de actividades, aumentó la indignación de los habitantes.

Para ellos, esta iniciativa busca obligarlos a abandonar la minería sin una alternativa viable. “Nos quieren borrar del mapa con resoluciones amañadas, inconsultas y hechas de espaldas a la gente desde Bogotá”, expresó González.

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Los residentes y trabajadores de la zona precisaron que la minería en su territorio tiene más de 400 años de tradición y que se desarrolló con prácticas sostenibles.

También anunciaron una serie de acciones legales y movilizaciones en Bucaramanga y Bogotá, para exigir la revocatoria de la resolución.

“Si el presidente Petro dice que el pueblo debe decidir sobre las reformas laborales, nosotros pedimos que sea nuestro pueblo el que decida sobre la minería en nuestro territorio”, enfatizó González.  

Además, la comunidad recordó que en Vetas (Santander) se firmó un acuerdo con el Estado dentro del proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, en el cual se excluyó la zona minera del área protegida.

Según los líderes locales, este acuerdo sigue vigente y no justifica la prohibición impuesta por el Ministerio de Ambiente.  

Finalmente, los habitantes advirtieron que cualquier decisión que afecte su territorio debe cumplir con los procesos de participación establecidos en normativas como el Acuerdo de Escazú y la sentencia T-361 de la Corte Constitucional.

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Mientras tanto, continúan en resistencia, defendiendo su derecho a la minería legal y a la autonomía sobre su territorio.