El 18 de enero de 1989 una comisión de 15 funcionarios judiciales partió de San Gil con destino al Magdalena Medio para investigar una serie de muertes y desapariciones de la zona. La pesquisa judicial tenía como propósito conocer la participación de civiles y militares en estos delitos.
Cuando la caravana se desplazaba por el corregimiento de la Rochela, del municipio de Simacota, fue detenida por un grupo de paramilitares de las Autodefensas de Puerto Boyacá que se hicieron pasar por guerrilleros y, bajo engaños, le hicieron creer a los funcionarios que les querían brindar información y colaborar con la indagación.
Según el Grupo de Memoria Histórica, los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar conocían de la inspección judicial y temían de esta por sus cultivos de coca en Puerto Parra.
Minutos después, los funcionarios fueron amarrados, amordazados y atacados a disparos por los paramilitares que se encontraban bajo el mando de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Vladimir”. Fueron 12 personas las que perdieron sus vidas y los otros tres resultaron heridos pero, simularon estar muertos hasta que fueron auxiliados por un conductor de un camión de gaseosas y por un periodista que llegó a atender la noticia.
Los tres sobrevivientes fueron perseguidos, y no sólo ellos, la investigación del caso de la Rochela tuvo obstáculos y surgieron múltiples amenazas hacia los jueces de Instrucción Criminal que llevaron el proceso.
La sentencia de los responsables tuvo que ser emitida desde un juzgado en Pasto contra nueve paramilitares, entre ellos alias “Vladimir”, y dos militares relacionados con el hecho: el sargento Otoniel Hernández, y el teniente Luis Enrique Andrade. Los primeros recibieron 30 años de cárcel, pero los dos miliares recibieron condenas de cinco años que posteriormente fueron revocadas por un Tribunal de Orden Público de Bogotá que remitió el caso a la Justicia Penal Militar.
Por estos hechos, el colectivo de abogados José Albear Restrepo y los especializados en derechos humanos CEJIL tomaron el caso y la representación de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2007, la CIDH condenó al Estado colombiano y le ordenó una investigación por parte de las autoridades para hallar y culpar significativamente a los autores intelectuales y materiales.
En la sentencia, la Corte Interamericana declaró el hecho de la Rochela como “una masacre de Estado contra el Estado”, al tratarse de una alianza de militares con paramilitares para el asesinato de funcionarios públicos que investigaban una serie de crímenes en el Magdalena Medio. Han pasado ya 33 años de la Masacre de La Rochela y, aunque ha habido indemnizaciones y gestos hacia las víctimas, el caso aún está en la impunidad en la condena a varios responsables.
En memoria de las víctimas, en el Palacio de Justicia de San Gil se exponen las fotografías de los 12 funcionarios y existe un salón que rinde tributo a aquel memorable y lamentable hecho.
En esta triste conmemoración, queremos rendirles un homenaje por la valentía de su labor a las 12 víctimas que mencionaremos a continuación:
Jueza 4 de Instrucción Criminal de San Gil, Mariela Morales Caro, tenía 36 años.
Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil, Pablo Antonio Beltrán, tenía 40 años.
Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil, Samuel Vargas, tenía 44 años.
Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil, Gabriel Enrique Vesga, tenía 23 años.
Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil, Cesar Augusto Morales, tenía 28 años.
Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá, Yul Germán Monroy, tenía 28 años.
Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá, Carlos Fernando Castillo, tenía 24 años.
Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, Orlando Morales, tenía 21 años.
Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá, Virgilio Hernández, tenía 59 años.
Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, Benhur Iván Guasca, tenía 24 años.
Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá, Luis Orlando Hernández, tenía 29 años.
Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil, Arnulfo Mejía, tenía 24 años.
La masacre de la Rochela fue la antesala, que ha ya había sido precedida por la toma del palacio de justicia en 1985, de la persecución contra la rama judicial durante los años 90 protagonizada principalmente por la alianza entre paramilitares y narcotraficantes pero en parte apoyada por altos mandos militares.
