El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reiteró su compromiso con La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Colombia, para seguir trabajando en la garantía de los derechos de la niñez en todo el país.
Esto con el fin de disminuir los índices de delitos en contra de menores, los cuales según la Defensoría del Pueblo han aumentado un 9% durante lo corrido del 2022.
El Subdirector General del ICBF, Juan Carlos Urrutia, destacó que para el cumplimiento de este propósito, es indispensable brindar alternativas a las familias migrantes, con el fin de evitar que durante su tránsito se involucren en situaciones peligrosas en las fronteras.
Estas zonas están custodiadas principalmente por grupos armados al margen de la ley como el ELN, que cobran dinero por permitirles el paso, además de la posibilidad de ser reclutados por esas mismas organizaciones ilegales.
Por su parte la representante de ACNUR en Colombia, Mireille Girard, afirmó que es fundamental seguir trabajando articuladamente con esta entidad, con el fin de prevenir que se vean vulnerados los derechos de niñas, niños y adolescentes venezolanos.
De igual forma precisó que es fundamental brindar acompañamiento a la niñez apátrida; en donde los menores no cuentan con una nacionalidad determinada.
El organismo internacional exigió la creación de mecanismos permitan proteger la infancia contra el abandono, la explotación y los malos tratos.
De igual forma se planteó trabajar articuladamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el homólogo del ICBF en Venezuela para lograr mejorar las condiciones en que se realizan las reunificaciones familiares
Actualmente el ICBF mediante sus programas de Protección, atiende a más de 3.200 niñas, niños y adolescentes migrantes venezolanos, de los cuales según estimaciones de la entidad cerca del 30%, se encuentran bajo el cuidado permanente del Instituto, lo que se aproxima a los 1.100 menores de edad.