Organizaciones médicas expresan preocupación por la ponencia de la reforma a la salud
Un total de 17 organizaciones médicas y científicas del país, en una carta, reiteraron que la reforma que el sector salud requiere es el desarrollo completo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 (LES) para la garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
Los representantes señalaron que en el marco de la ponencia para el Primer Debate presentada en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, tienen algunas coincidencias pero también preocupaciones en torno a las iniciativas que se plantearon en el documento que será debatido en el Congreso de la República.
“El Consejo Nacional de Salud debe tener capacidad decisoria y activa participación en la reglamentación de la Ley, una vez sea aprobada, además se debe limitar el número de entidades de carácter nacional, regional, departamental, distrital y municipal que se establecen, con funciones superpuestas, generando colisión de competencias entre ellas”, indicó.
Destacaron además que en la discusión del Congreso en la ponencia, se establecen funciones que hoy desempeñan las EPS pero que se asignan a nuevas entidades
sobre las que no hay evidencia de su capacidad técnica y tecnológica para desempeñarlas, lo que generaría riesgo en la prestación de los servicios de salud.
“En el modelo de aseguramiento social propuesto no está claro qué entidad responderá por la gestión del riesgo operativo, financiero y, el más importante, de salud; así como los procesos de auditoria previa y concurrente en la prestación de los servicios”, señaló.
Afirmaron que no es conveniente que en una misma línea se definan las reglas de juego en el Sistema, establezca la nueva UPC, el manual tarifario, contrate a Las Redes Integradas de Servicios de Salud (RIISS) o preste los servicios directamente y, simultáneamente, realice la auditoría y pague las cuentas médicas.
“El desarrollo de la capacidad técnica, tecnológica y administrativa del ADRES tomará un periodo mayor a los dos años propuestos, lo que se debe considerar para la planeación del proceso de transición”, señaló.
Manifestaron que la ponencia presentada contempla la conformación de RIISS fragmentadas, no se aprecia como será la integralidad y continuidad de los servicios entre los diferentes niveles de atención, particularmente, entre los CAPS y la mediana y alta complejidad.
“No hay claridad frente a la vinculación de profesionales especialistas en formación en los equipos de salud y en cómo se hará la sinergia con la ley 1917 de 2018. El Proyecto establece la recertificación voluntaria, sin embargo, se debe definir la competencia del Ministerio de Salud y Protección Social en esta gestión”, sostuvo.
Apuntaron que la complejidad de los temas y el carácter confidencial de las discusiones y decisiones exigen que los comités de ética hospitalaria y los de autorregulación médica, deban ser constituidos exclusivamente por pares profesionales.
“No existe evidencia en la exposición de motivos ni en el articulado, de que en un periodo de transición de dos (2) años, sea posible el cambio total del Sistema, sin la certeza de contar con los recursos financieros, técnicos y humanos para su implementación”, señaló.
Aseguraron que el fortalecimiento de la red pública debe contemplar explícitamente medidas contra la corrupción y la intromisión de intereses ajenos a la garantía del derecho fundamental a la salud en la prestación de los servicios”, puntualizó.
El documento es firmado por la Academia Nacional de Medicina en representación de las demás organizaciones de salud en el país.