Debaten posible concesión de acueducto y alcantarillado en Ocaña
El alcalde de Ocaña Samir Casadiego solicitó al Concejo Municipal debatir en sesiones extraordinarias el proyecto que llevaría al servicio de acueducto y alcantarillado a una concesión, mediante el proceso de licitación pública. Así como la posibilidad de un empréstito de inversión para infraestructura vial que requiere el municipio.
Mediante el decreto 075 el mandatario citó a sesiones extraordinarias a los ediles luego de la negativa que hundió una anterior solicitud.
Sin embargo, el alcalde debe dar cumplimiento a un fallo judicial del año 2017 emanado por el Tribunal Administrativo, que ordena al municipio a buscar un operador del servicio a través de una licitación.
Samir Casadiego en diálogo con RCN Ocaña manifestó que "el Tribunal ordena sea quien sea el alcalde, a entregar por medio de licitación". También indicó que ha sido acucioso en el caso, y que incluso ha recibido siete requerimientos. El último del 27 de agosto, por parte de la Procuraduría General de la Nación y una de la Superintendencia de Servicios Públicos que precisamente le obligan a licitar.
El proceso debe hacerlo con la autorización del Concejo Municipal por lo que en varias ocasiones lo ha presentado.
Una de las solicitudes la retiró el mandatario por iniciativa propia, ya que por solicitud del Concejo se manifestaba que no alcanzaba el tiempo para el estudio que requería el proyecto de acuerdo. En solicitud posterior, el concejal Cristián Jiménez decidió levantar la sesión ante algunas protestas que se llevaban a cabo en el recinto, afirmó el alcalde: "según una consultoría realizada se tendría en cuenta el tiempo de ejecución de la concesión, depende de la inversión que se haga.
Señaló que cambiar la totalidad de la tubería del municipio tendría un valor de 340.000 millones de pesos, sin embargo, por regla de tres no sería ni siquiera atractiva porque seria imposible de recuperar una inversión del operador, apuntó.
Casadiego recalcó qué su despacho está abierto para dialogar, refiriéndose a una publicación en Twitter del concejal Mario Castellanos dónde se opone al proyecto.
Recordó que el servicio ya está privatizado desde hace 26 años y que los oponentes y algunos sectores políticos insisten en desconocer la realidad. Según el alcalde, desde el pasado foro sobre el agua estuvo dispuesto a escuchar e incluso a conocer de que manera no se puede cumplir el fallo judicial. Al respecto increpó al exalcalde Francisco Antonio Coronel que abiertamente a criticado el proyecto y es férreo defensor de lo público.
Durante la entrevista Gabriel Álvarez, presidente de la junta directiva de la ESPO, pidió la palabra y dijo "estoy aterrado con las mentiras del alcalde, antes nos dijo que iba a renunciar públicamente por nuestros malos manejos y ahora se sienta con nosotros y lo recibimos con los brazos abiertos".
Álvarez manifestó que el municipio recibe un arriendo y que no ha recibido los oficios de la Procuraduría ni de la Superintendencia. Ante la pregunta de la mesa de noticias sobre ¿de que manera terminar con ese enredo que tiene Ocaña?, el representante respondió que "eso es muy fácil, es de sentarnos".
El alcalde Samir Casadiego hizo réplica e indicó "el oficio en este momento lo estoy enviando". En una oportunidad también le hizo a Álvarez la pregunta sobre ¿cómo no acatar el fallo?, refiriéndose a la decisión judicial del Tribunal Administrativo y su respuesta fue "el asesor jurídico se comunicará con usted" y no llamó.
Conforme a los conocedores del caso entre las dos partes ha existido un "teléfono roto" por supuestos intereses, donde finalmente el municipio queda en el limbo.
Sobre un presunto comunicado del ELN, donde por primera vez interviene en una situación de carácter público e insta a alcaldes a no licitar, el mandatario de Ocaña respondió que es respetuoso del Estado Social de Derecho y que no se ha verificado su autenticidad.
Vale recordar que el servicio de agua potable y alcantarillado durante 26 años ha sido prestado por la empresa de servicios públicos de Ocaña ESPO S.A, pero el embrollo jurídico por el que pasa el servicio en estos momentos compromete decisiones de varios exalcaldes.