En Norte de Santander respaldan petición de la Defensoría del Pueblo de exigir a grupos armados información de personas en su poder
Ante la petición de la Defensoría del Pueblo al ELN y las disidencias de las Farc de confirmar los nombres y datos de secuestrados que tienen en su poder, los familiares de las victimas del secuestro en la región respaldaron esta exigencia y esperan respuesta en las próximas horas por parte de estos actores armados.
En el departamento, hasta el momento las disidencias de las Farc han confirmado que tienen en su poder a Yadil Sanguino, exalcalde del municipio de San Calixto, Norte de Santander, secuestrado en la vía que conduce a Tibú en el Catatumbo, del cual hasta el momento no se tiene información de su paradero ni estado de salud.
Aura Rodríguez familiar del exalcalde en el Catatumbo ha respaldado la petición de la Defensoría del Pueblo y espera que en los próximos días haya una respuesta oportuna por parte de este grupo armado que confirmó tener en su poder a su familiar.
“Como familia nos sumamos a la petición que hace la Defensoría del Pueblo para que los grupos que tienen a los secuestrados en su poder se manifiesten y que como gesto de paz los dejen en libertad, en especial a nuestro familiar”; expresó la cuñada del exalcalde de San Calixto.
Además, han señalado que, hasta el momento, casi un mes del secuestro del exalcalde, no se tiene información de su paradero y tampoco se han entregado pruebas de supervivencia.
“Estamos próximos a cumplir un mes del secuestro de Yadil y no tenemos información de su estado de salud; la familia esta consternada, no tenemos pruebas de supervivencia y queremos que quede en libertad lo antes posible”.
Asimismo, los familiares de otros secuestrados en el departamento se suman a esta exigencia, quienes afirman que sus seres queridos están en poder del Eln, entre ellos el empresario ocañero Fabián Arias, secuestrado el pasado mes de octubre en la provincia.
Por otra parte, Defensores de derechos humanos en el departamento aseguran que desconocen el número real de personas secuestradas en la región, donde según un subregistro serían por lo menos 15 las personas en poder de grupos armados y delincuenciales.