Procuradora alerta sobre aumento de cultivos ilícitos en zonas de frontera en Norte de Santander
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado de atención a las autoridades y entidades competentes para que atiendan la alerta del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas en torno al incremento y la concentración de cultivos ilícitos en zonas de frontera del departamento de Norte de Santander.
Según este sistema de monitoreo, Norte de Santander es la segunda zona del país con mayor área cultivada con hoja de coca a causa de su situación geográfica.
De acuerdo con los investigadores este zona de frontera ha resultado atractiva para los diferentes grupos armados ilegales que se disputan el control social y las rutas del narcotráfico.
"La concentración de cultivos trae consigo un aumento en diferentes variables. Por ejemplo, incrementan las minas antipersonales, municiones sin explosionar y los artefactos explosivos improvisados; aumenta la probabilidad de violación de derechos humanos por, entre otras cosas, el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales; y, evidentemente, se termina promoviendo la corrupción y la violencia”, indicó la Procuradora General.
Durante su encuentro con líderes sociales y autoridades de los municipios de Sardinata, Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto y Tibú que conforman la subregión del Catatumbo, la Procuradora habló sobre un bloqueo institucional que se presenta en esta zona, donde el Estado no ha podido recuperar su presencia y control en los territorios disputados por grupos ilegales generando incertidumbre, inseguridad alimentaria, más cultivos ilícitos, corrupción, y miedo a denunciar por parte de líderes y lideresas.
"Los riesgos contra estas comunidades aumentan, como lo ha registrado el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en más de 19 oportunidades. Entre los principales se encuentran los confinamientos, las extorsiones, las amenazas, los constreñimientos y las estigmatizaciones provenientes de todos los actores del conflicto”, manifestó Cabello Blanco.
Según la jefa del Ministerio Público se han detectado grandes limitaciones para que la población en riesgo tenga acceso a rutas de protección.
Agregó que la Procuraduría General verificara el cumplimiento de las rutas de atención establecidas por la ley, so pena de iniciar acciones disciplinarias contra aquellos funcionarios que las desconozcan.