La defensa del exsenador apeló la decisión de la Sala en primera instancia que negó anular el proceso.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre el futuro judicial en el proceso contra el exsenador y exgobernador Richard Aguilar investigado por presuntos hechos de corrupción cuando fue gobernador del Departamento de Santander.
El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del exsenador, presentó un recurso de apelación contra la decisión de la Sala de primera instancia que había decidido negar la nulidad del proceso.
El abogado insistió en que no se puede equiparar una indagatoria a una audiencia de imputación de cargos y dado a que Aguilar renunció a su curul, el caso debía devolverse a una imputación ante un Tribunal.
La Fiscalía se opuso a ese recurso de apelación bajo el argumento de que aunque son figuras diferentes (una bajo la ley 600 de 2000 y otra ley 906 de 2004), la legalidad de las diligencias estaba vigente.
El magistrado Jorge Caldas quien es el ponente de la investigación contra Aguilar, decidió conceder el recurso de apelación y el caso pasará a la Sala Penal de la Corte Suprema que hace sus veces de segunda instancia.
En la decisión que había tomado la Sala se dijo que no había razón para que el proceso contra Aguilar se invalidara, teniendo en cuenta que en la indagatoria rendida por el exmandatario y excongresista no hubo ilegalidades.
"Renunciar al fuero comporta (…) el cambio de sistema procesal, pero esto no puede constituirse en argumento jurídico para anular lo actuado previamente”, dijo la Corte con ponencia del magistrado Caldas.
Además, la Corte explicó que cuando Aguilar renunció a su curul en el Congreso, el proceso fue revisado por un magistrado de Tribunal que hizo su función de juez de control de garantías y concluyó que “lo actuado al amparo de la ley 600 de 2000 cumplió los presupuestos que, para la imputación y la imposición de medida de aseguramiento se reglan en la ley 906 de 2004”.
Aguilar se encuentra detenido como presunto responsable de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.
En el escrito de acusación de la Fiscalía que ya fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia se dice que mientras Aguilar estuvo como Gobernador de Santander “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”.
Como contraprestación de esas adjudicaciones, supuestamente ellos se comprometían a devolver el 10% de cada obra.
Según la Fiscalía hubo irregularidades en al menos seis contratos, entre ellos el reforzamiento estructural del estadio de futbol y adecuación de piscina y del Coliseo Vicente Días Romero; Mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético; y contratación de alimentación escolar PAE.
Fuente
Sistema Integrado de Información
