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Imputan cargos contra implicados en crímenes de líderes sociales en el Valle del Cauca y Norte de Santander
La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra un presunto integrante de las disidencias de las Farc con presencia en Palmira (Valle); un presunto integrante de la banda criminal conocida como ‘La Local’, con injerencia en Buenaventura y un presunto integrante de una red sicarial de Cúcuta, involucrados en homicidios de líderes sociales cometidos en Santander y Valle del Cauca.
Los detenidos fueron afectados con medida de aseguramiento y se ordenó su envío a la cárcel. Por el ataque sicarial perpetrado en Cúcuta Brayan Ferney Claro Torres fue presentado ante un juez de control de garantías, e imputado por los delitos de homicidio agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
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Según las investigaciones, los cargos que se le atribuyen están relacionados con el ataque sicarial que le causó la muerte al líder social Fabio Alex Ortega Acero, el 19 de diciembre de 2024, en Cúcuta (Norte de Santander).
La Fiscalía estableció que Claro Torres habría sido uno de los hombres que atacó a la víctima, en medio de un intercambio de disparos con su esquema de seguridad.
Por los hechos que rodearon el crimen de un líder social en zona rural de Palmira, La Fiscalía estableció que Álvaro Alex Garzón Gaviria, alias Jimmy o El Indio, un señalado integrante de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, habría participado en el asesinato del líder campesino José Antonio Lozano Fuentes, cometido el 22 de febrero de 2024 en el Valle del Cauca.
De acuerdo con los organismos de inteligencia, alias Jimmy o El Indio haría parte del grupo armado que interceptó a la víctima y le propinó varios disparos de fusil en el momento que intentó huir.
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En ese sentido, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Al ser interrogados por los jueces de control de garantías, los cargos no fueron aceptados.