Ante la Fiscalía General rindió interrogatorio la jueza coordinadora Lilyan Jhohana Bastidas, dentro de la investigación que se sigue por las denuncias sobre presuntas irregularidades tras su decisión de dejar en libertad a los primeros jóvenes que hacían parte de la 'Primera Línea', designados bajo la figura de 'voceros de paz'.
Este proceso está siendo coordinado por un fiscal adscrito a la dirección especializada contra la corrupción, quien indaga si en este caso se incurrió o no en algún tipo de actuación irregular que constituya un delito.
La decisión que hoy la tiene en la lupa de los investigadores se relaciona con la orden de dejar en libertad a Santiago Márquez y Adriana Bermeo, nombrados como 'voceros de paz' por el presidente Gustavo Petro.
Esta investigación se originó de una solicitud elevada por parte de la Procuraduría General de la Nación, que expresó su malestar e indicó que se registraron graves inconsistencias porque la juez no convocó a una audiencia pública que contara con la participación de delegados de ese organismo para revisar la legalidad de otorgarle la libertad a estos dos jóvenes.
El objetivo de la diligencia es que en el marco del debido proceso le explique a la Fiscalía General de la Nación, las razones jurídicas por medio de las cuales no asignó el caso a un juez de control de garantías, una vez recibió una solicitud de suspensión de las órdenes de captura.
En su momento, el fiscal general Francisco Barbosa, señaló que la juez Bastidas debía explicar por qué en un caso posterior sí tomó la decisión de convocar a la respectiva audiencia de control de garantías.
Asimismo, sostuvo que “para que fuera el juez de control de garantías en el marco de la convocatoria de las partes. Ante cualquier decisión es necesario en nuestro sistema la participación de víctimas, del ministerio público de ese tipo de decisiones, porque tomó la decisión de forma directa y no se convocó a estas personas, ni tampoco asignó a un juez de control de garantías”.
"Ustedes entenderán que esas salidas de lo que se ha denominado Primera Línea (…) nosotros no capturamos gente de primera, segunda o tercera línea, capturamos gente que delinquía y los fiscales lo que hacían era imputar, solicitar medida de aseguramiento y los jueces otorgar esas medidas de aseguramiento”, agregó.