ONU documentó 16 casos de violencia sexual por parte de la Policía durante el paro

Entre tanto, el organismo internacional documentó que “existen motivos razonables para afirmar que en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía y que en al menos diez de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, tras verificar 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías durante las protestas ocurridas entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021.

Se trata de un informe, de 63 páginas, titulado 'Lecciones aprendidas y observaciones Paro Nacional 2021', publicado este miércoles por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, e el que se indica que se recibieron “alegaciones de muertes de 63 personas, en el contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala".

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señala que las protestas masivas del paro nacional “ocurrieron en un contexto prevalente de profundas desigualdades económicas y sociales, muchas de las cuales se agudizaron durante la pandemia del covid-19”.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, indicó a RCN Radio que el documento recomienda que “las autoridades colombianas deberían reformar su forma de gestionar las protestas para evitar más pérdidas de vidas y más personas heridas como ha sucedido durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar a partir de abril de este año en el contexto del paro nacional”.

Así mismo, dijo de Rivero, se documenta “el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, por parte de agentes de policía, especialmente miembros del Esmad, para dispersar protestas pacíficas y bloqueos”.

El documento de la ONU Derechos Humanos , “recalca que el uso de armas de fuego para dispersar de forma indiscriminada una protesta siempre es ilegal, que no son apropiadas para el control policial de manifestaciones y que no deben usarse nunca para dispersar una manifestación”.

Añade que en incidentes detallados  se demuestra “un uso inapropiado e indiscriminado de armas menos letales por parte de la Policía, en violación de los estándares internacionales”.

El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, manifiesta su  preocupación por “el grado de criminalización y estigmatización de los manifestantes, incluso por parte de medios de comunicación, relacionándolos con actos vandálicos o incluso alegando actos de terrorismo” y  por las agresiones “contra defensores de Derechos Humanos en el contexto de las protestas y contra periodistas que documentaron los acontecimientos”.

La ONU pide que “todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes y el Estado debe garantizar también el derecho de las víctimas a una reparación integral”.

El informe enfatiza sobre “la responsabilidad del Estado de proteger los Derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad personal, sin discriminación, y la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica y destaca el avance de algunas investigaciones sobre presuntas violaciones de Derechos Humanos “y saluda la declaración del Gobierno de cero tolerancia ante las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad “.