Paro minero en el Bajo Cauca
Organismo le exige a los grupos armados ilegales respetar la vida, la libertad e integridad de la población civil.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los manifestantes para que las protestas sean pacíficas y reiteró que es urgente retomar los diálogos para buscar una salida concertada y con ello cesar los actos violentos que solo afectan a la población civil.
Según el informe de la entidad, el paro minero en el Bajo Cauca y Sur de Córdoba, a la fecha ha dejado a seis personas heridas por arma de fuego, entre ellas dos menores de edad.
Además, se han reportado atentados contra la misión médica, quema de ambulancias, peajes, camiones que transportaban alimentos, ataques a la infraestructura pública, desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y elementos de primera necesidad e incluso la posibilidad de suspender el servicio de agua potable por la falta de insumos para el tratamiento.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo “rechaza vehementemente los bloqueos, atentados y los hechos de violencia que dejaron un persona fallecida y siete personas heridas en los municipios de Cáceres y Tarazá, en Antioquia”.
Por ello, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó al Gobierno y a los voceros del Comité Pro Paro Minero a “retomar los diálogos a la mayor brevedad posible, para evitar que se generen nuevos incidentes violentos o ataques contra la población civil, bloqueos y parálisis en el suministro de bienes y servicios”.
De igual manera, ante el incremento de las dinámicas de conflictividad social en el último semestre del año pasado y en los primeros meses de 2023, se debe priorizar el diálogo social como respuesta adecuada a las demandas sociales, evitar postergar los espacios de diálogo social y atender el llamado de las comunidades en diferentes regiones del país, destaca la entidad.
“El Gobierno Nacional debe estar atento a los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras, entre otras, para escuchar sus necesidades, construir rutas de trabajo y dar una pronta respuesta institucional, lo que permitirá disminuir los niveles de violencia y prevenir nuevos actos de alteración del orden público”, concluyó Camargo.
Fuente
Sistema Integrado de Información
