JEP dictó medidas cautelares sobre el Cementerio Central de Cúcuta

En el documento entregado por la JEP, se lee que “Señaló la posibilidad de que, en ese camposanto hayan sido inhumadas 400 personas víctimas del conflicto armado, presuntamente desaparecidas entre los años 2000 a 2006, dentro de las cuales varias corresponderían al fenómeno conocido como 'falsos positivos'. Sobre estos últimos indica que algunos de los cuerpos provenían de otras regiones del país, y en varias ocasiones eran dejados en un lugar conocido como “La Cancha del Chulo” y allí la policía recogía los restos óseos y los trasladaba cementerio de Cúcuta”.

Igualmente, la Consejera de Paz, Reconciliación y Convivencia Departamental de Norte de Santander dijo que en el municipio de Los Patios se tenía previsto realizar algo así, pero la intervención de la Alcaldía y la Personería evitó que esto se realizara.

La medida que fue tomada por la JEP prohíbe toda exhumación y reubicación de CNI y CINR que se encuentren en el Cementerio Central, salvo por orden de la misma Jurisdicción Especial para la Paz o por otra autoridad competente y previa comunicación a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

Por otro lado, en el auto revelado por la JEP solicitan: “Que se investigue cómo desaparecieron las bolsas negras donde empacaron no solo restos si no personas completas del 10 al 13 de octubre de 2021”.

Igualmente han pedido “que se le allegue la orden de exhumación otorgada al cementerio y evidencias sobre cómo se realizó ese proceso (actas y órdenes), y se informe si la JEP lo acompañó.

Y finalmente “que se tomen las medidas jurídicas y legales contra los funcionarios responsables y que siguen exhumando 'a su antojo' los restos de fallecidos, muchos de ellos NN víctimas de desaparición forzada, para desaparecer evidencias. Y que esto se haga por una Fiscalía o una comisión de Bogotá o fuera de la ciudad de Cúcuta”.

En este trámite se vinculó, a la administración del Cementerio Central, a la Alcaldía de Cúcuta, así como a la Gobernación de Norte de Santander como responsable del cumplimiento de estas medidas.