Procuraduría prorrogó por tres meses la investigación contra Gobernador de Norte de Santander William Villamizar
La Procuraduría General de la Nación solicitó nuevas pruebas y prorrogó por tres meses la investigación contra el actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, por su presunta responsabilidad en irregularidades para la ejecución de un proyecto agrícola de producción de cacao.
Según la Procuraduría, este programa fue financiado con recursos de Regalías por $ 2.838 millones durante su segundo período como mandatario departamental entre 2016 y 2019.
La medida también cobija a Sonia Arango Medina, secretaria general de la gobernación, Leonel Rodríguez, secretario económico (2016-2019) y Omar Villamizar Luciani, supervisor del contrato.
Entre las presuntas irregularidades denunciadas, por las cuales se inició la acción disciplinaria, están el no haber indicado en los informes de interventoría deficiencias en el suministro de agua para el mantenimiento de los cultivos y que el 55,6% de los beneficiarios visitados por el Departamento Nacional de Planeación no cuentan con conexión a distritos de riego, condición necesaria para poder beneficiarse del proyecto.
También presuntas fallas por la falta de instalación de sistemas de riego por goteo intrapredial en los municipios de Teorama y Hacarí y otras de tipo administrativo como no haber publicado los documentos contractuales y otros datos de obligatorio cumplimiento en los aplicativos estatales Secop, Gesproy –SGR y Cuentas SGR.
Las nuevas pruebas solicitadas por el Ministerio Público son los testimonios de dos ex rectores y otros colaboradores de la Universidad de Pamplona relacionados con la ejecución, copias de liquidación de los contratos de obra e interventoría, listado de agricultores que han recibido los beneficios del proyecto, aquellos que por diferentes razones no han accedido y un informe sobre el estado actual del proyecto.
Desde su misionalidad disciplinaria, la Procuraduría ha indicado que trabaja para garantizar el buen manejo de los recursos del Sistema General de Regalías por parte de los servidores públicos y la garantía de derechos de las comunidades beneficiarias.