Solo el 3 % de familias cocaleras tuvieron acceso a planes de sustitución en el Catatumbo
Congresistas de Norte de Santander han reclamado al gobierno nacional el poco avance en los planes de sustitución de cultivos ilícitos para beneficiar a decenas de familias en el Catatumbo; reclamo que se materializó en un debate de control político, a la dirección del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, en la comisión primera de la Cámara de Representantes.
El debate se basó en dos escenarios; El primero, los cambios en la política de sustitución de cultivos, donde el modelo cambia de beneficiar individualmente a las familias a hacerlo de manera colectiva a través de asociaciones, pero donde hasta el momento no se ha logrado ningún avance.
Por otro lado, la validación del avance de los programas de sustitución en el país, que han dejado más dudas que cumplimientos a las familias campesinas.
Ante esta situación, el representante a la Cámara por las curules de paz,Diógenes Quintero, manifestó que los incumplimientos del Plan nacional de sustitución de cultivos ilícitos han sido flagrantes, al punto que solo el 3 % del universo de las familias cultivadoras de hoja de coca en la región, fueron incluidas en el programa con beneficios parciales.
“Más o menos el 3 % de las familias que cultivan coca en el Catatumbo tuvieron acceso al Pnis y se han dado muchos incumplimientos, demoraron los pagos a las familias, tardaron en ejecutar los proyectos transitorios y es la hora y los proyectos productivos no han llegado a las regiones”; expreso el representante a la Cámara.
Para Quintero este tipo de retrasos que, asegura, se vienen presentado desde el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, resta legitimidad a los procesos, al punto que la legitimidad que Gustavo Petro tiene en territorios donde se requiere la sustitución, se ha ido reduciendo.
“En zonas como el Putumayo, Cauca y el Catatumbo, donde el gobierno de Gustavo Petro fue respaldado en elecciones, a la espera de inversión social y desarrollo, lastimosamente se está cerrando esa ventana de oportunidades y esto nos preocupa porque ya se ven manifestaciones de las comunidades que incluso han anunciado movilizaciones reclamando el cumplimiento de los acuerdos”.
Sin embargo, han señalado que el gobierno nacional debe resolver temas estructurales y no solo atender la emergencia, como el mejoramiento de vías, inversión agrologística y productiva para que haya una transformación social en los territorios históricamente afectados por la violencia.
Asimismo, se ha logrado establecer que, de las 99.000 familias acogidas a los programas de sustitución en todo el país, tres mil de ellas están ubicadas en la región del Catatumbo, zona que fue elegida en el año 2016 como el plan piloto de sustitución en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc y que hasta el momento no ha avanzado, según se indicó.