Asamblea Departamental de Santander
28 Mar 2025
04:38 PM
Asamblea de Santander aprobó en primer debate el polémico impuesto de seguridad
El nuevo impuesto ha generado controversia en Santander.
La propuesta de implementar una tasa especial en las facturas de energía para financiar la seguridad en Santander continúa generando controversia.
La Asamblea Departamental aprobó en comisión estudiar el proyecto en plenaria, lo que ha encendido el debate entre quienes defienden la necesidad de fortalecer la seguridad y quienes consideran que el nuevo impuesto afectará de manera el bolsillo de los santandereanos.
Seis diputados votaron a favor y 1 en contra
El gobernador Juvenal Díaz Mateus impulsa esta iniciativa con el fin de crear los Centros de Control y Monitoreo (CEGES) en Bucaramanga y Barrancabermeja.
Estos centros, dotados con inteligencia artificial, drones y cámaras inteligentes, buscan reforzar la vigilancia tanto en las zonas urbanas como rurales del departamento. Según el mandatario, aunque Santander ya cuenta con un fondo de seguridad, los recursos son insuficientes.
“Esto ya se aplica en departamentos como Atlántico y Antioquia. Necesitamos estos recursos para dotar de tecnología a nuestras autoridades y mejorar la seguridad vial y ciudadana”, explicó Díaz, quien también aseguró que el tributo sería temporal, con una duración de tres años.
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Sin embargo, para varios diputados, el impacto económico de este nuevo impuesto es preocupante.
El diputado, Camilo Torres, del Pacto Histórico, calificó la propuesta como “un atentado a los bolsillos de los ciudadanos” y criticó la falta de socialización.
“La plata de la seguridad se quedó en los bancos”, afirmó, y advirtió que, de ser aprobado en comisión, convocarán “la marcha más grande en el Magdalena Medio ante el abuso del gobernador de Santander”.
El proyecto propone que la tasa se cobre a los estratos 4, 5 y 6, además de empresarios y ganaderos.
#AestaHora | El Diputado Camilo Torres calificó la propuesta de crear el nuevo impuesto de seguridad como un atentado a los bolsillos de los ciudadanos. También aseguró que no hubo socialización para cobrar este impuesto. “La plata de la seguridad se quedó en los bancos”. pic.twitter.com/2eqFVxL1UJ
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De acuerdo con el diputado Danovis Lozano, este incremento se verá reflejado directamente en las facturas de energía.
“Un hogar que hoy paga $100.000, tendría que pagar entre $140.000 y $150.000. En sectores industriales, como el avícola o el textil, el recibo podría subir hasta un 8%”, indicó.
Lozano también cuestionó la legalidad del tributo, recordando que “según la circular de la Superintendencia de Servicios Públicos, no se podrá cobrar ningún tributo o tasa adicional a lo ya establecido en los servicios públicos”.
Por su parte, Edwin Vargas, presidente de la Comisión Primera, respaldó la necesidad del impuesto al señalar que Santander es un corredor estratégico que facilita el tránsito de economías ilícitas.
“Esta tasa es fundamental para combatir el crimen y mejorar la seguridad en el departamento”, sostuvo Vargas, destacando que los recursos también se destinarían a la iluminación de barrios y la reparación de vías, como parte de una estrategia integral de seguridad.
#AEstaHora | Por otro lado, el diputado de Santander, Danovis Lozano, aseguró que, según la circular de la Superintendencia de Servicios Públicos de este año, no se podrá cobrar ningún tributo o tasa adicional a lo ya establecido en los servicios públicos. pic.twitter.com/iTdoLzkMxF
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#AestaHora | El presidente de la Comisión Primera, Edwin Vargas, se pronunció sobre la propuesta del impuesto de seguridad. Vargas indicó que la tasa es necesaria en Santander, que por su ubicación, se ha convertido en un corredor vial que ha beneficiado a las economías ilícitas. pic.twitter.com/ixFaSoK9s5
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El concejal de Bucaramanga, José Cavanzo, advirtió que el impacto económico de este impuesto no se limita a las viviendas, ya que sectores estratégicos como salud y avícola también se verían afectados.
“No podemos medir el impacto solo en las casas. En las viviendas el aumento puede ser de $6.000, pero en sectores como el avícola, el recibo podría subir un 8%. No vendamos humo ni prometamos más seguridad si no vamos a cumplir”, afirmó.
El proyecto, de ser aprobado en plenaria, comenzaría a regir en septiembre y tendría una duración de tres años.
Sin embargo, el debate sigue abierto y las voces de rechazo continúan alzándose ante lo que muchos consideran una carga económica injustificada para los santandereanos.
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Fuente
Sistema Integrado de Información
