Fracasó encuentro para la declaratoria de reserva temporal en el páramo de Santurbán
Frustrados y hasta molestos terminaron los asistentes a una reunión en donde se creía se iba a concertar la creación de zonas de reserva temporal en el páramo de Santurbán.
Para las comunidades no hay un proceso transparente, porque la convocatoria al final pretendía era imponer una decisión que sería transitoria, porque concertación es claro que no había.
Así lo indicó la alcaldesa de Vetas, Angélica García, quien expresó que de esta forma el Gobierno le está negando la oportunidad a la población que puede ser resultar afectada, de dar a conocer su punto de vista.
“Podemos ver como estas reuniones son insuficientes para darle el derecho de participación a la gente. Son argumentos mañosos e inválidos por parte del Ministerio de Ambiente el cual quiere a toda costa aprobar el area de reserva temporal para Soto Norte”, indicó.
Sostuvo que en el encuentro programado en Soto Norte se planteó la expedición de una resolución de carácter temporal en donde se prohíbe la minería.
“No puede decir la Ministra que se van a permitir a los mineros ancestrales que desarrollen su actividad cuando eso no es cierto”, enfatizó.
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#Video | Comunidades en Soto Norte se sienten burladas por el Ministerio de Ambiente toda vez que se piensa expedir una resolución temporal para las zonas de reserva.
Rechazan la creación de dichas zonas de reserva cuya reunión fracasó dijo Angélica García, alcaldesa de #Vetas pic.twitter.com/7u3M1gNwAU
— LA FM Bucaramanga (@LAFMBucaramanga) January 23, 2025
Ivonne González, vocera de Dignidad Minera, sostuvo que las comunidades en “Soto Norte no tenemos garantías, porque aquí han llegado los delegados del Ministerio de Ambiente con las decisiones ya tomadas, pero no hay concertación, lo que vemos es una dictadura”.
Agregó que ven con preocupación que en estos en encuentros no hay presencia de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y sin una metodología sin una metodología clara de concertación, tal como lo ordena la Corte Constitucional.
A la reunión, dijo, solo asistieron entre 10 y 15 personas por municipio, sin garantizar su derecho a participar. Más de 35 mil personas directamente afectadas por esta incertidumbre.
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Las principales conclusiones fueron:
1.Falta de participación: Comunidades denunciaron que el Ministerio no garantizó sus derechos de participación y violó el Acuerdo de Escazú.
2.Deficiencias logísticas: Las reuniones carecieron de organismos de control, metodología clara y recursos para los afectados.
3.Rechazo unánime: Habitantes y líderes locales rechazaron la medida por sus impactos negativos y exigieron priorizar la formalización minera.