
Más de 1.100 desplazados han llegado a Santander huyendo del conflicto en el Catatumbo
La escalada de violencia en el Catatumbo ya completa un mes y nueve días. Cientos de personas han huido de sus hogares en un intento por mantenerse alejadas de una guerra que, día a día, golpea sus puertas y ventanas.
Desde Norte de Santander, más de 1.107 personas desplazadas por el conflicto armado entre las disidencias de las Farc y el ELN han llegado al departamento de Santander.
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Esta cifra equivale a cerca de 400 núcleos familiares que se han distribuido en 12 municipios, entre ellos Bucaramanga. Un dato clave: más de 56.000 personas han sido víctimas de desplazamiento, de las cuales 1.100 están en Santander, lo que representa el 2% del total.
Según Carlos Mario Santander, director de Atención a las Víctimas de Santander, la mayoría de estas personas llegan al departamento porque ya cuentan con una red de apoyo.
“Santander es un receptor de víctimas del conflicto armado entre las Farc y el ELN porque, en muchos casos, tienen familiares, vecinos o amigos que les tienden una mano para refugiarse en el territorio. Bucaramanga, en particular, es donde encuentran mayor respaldo”, explicó.
Sin embargo, no todos los desplazados llegan a Bucaramanga. Algunos se establecen en municipios como Floridablanca, Barrancabermeja, Rionegro, San Vicente de Chucurí y El Playón, entre otros.
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Tanto quienes cuentan con un círculo de apoyo como quienes no, deben recibir ayuda humanitaria garantizada por la Dirección de Atención a las Víctimas.
Además, las autoridades deben hacer cumplir la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que reconoce y protege los derechos de quienes han sufrido los estragos del conflicto armado en Colombia.
Para garantizar su aplicación, la Gobernación de Santander ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permite un monitoreo constante.
A través de este mecanismo, las personas desplazadas pueden acudir a la Personería, Defensoría o Procuraduría municipal para que sus declaraciones sean tomadas, ya sea de manera individual o en representación de su núcleo familiar. Luego, los alcaldes o la Gobernación se encargan de distribuir las ayudas humanitarias.
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“Hay que tener en cuenta que estas familias lo dejan todo atrás, arrancando sus raíces de la tierra que conocieron”, señaló Santander.
Ante esta situación, las víctimas tienen dos opciones: reubicarse en otro lugar o regresar a su sitio de origen. Independientemente de su decisión, el Estado debe garantizarles, al menos, seguridad y transporte.
Por último, el gobernador ha elevado una advertencia sobre la crisis en el Magdalena Medio, donde operan actores armados, disidencias y grupos delincuenciales organizados. Ha solicitado al Gobierno Nacional una presencia militar sostenida para prevenir crisis similares a la del Catatumbo.
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Asimismo, enfatizó que la responsabilidad frente a los desplazamientos masivos no puede recaer únicamente en los alcaldes o el gobierno local, sino que debe ser asumida también por el presidente.