ONG del Magdalena Medio, rechaza tajantemente violaciones a los Derechos Humanos en el Sur de Bolívar por parte del ELN
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), a través de un comunicado a la opinión pública, manifiesta su rechazo por los asesinatos a líderes sociales y a integrante del partido político de las FARC.
“Los crímenes son ejecutados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), asesinaron en el municipio de Santa Rosa; al firmante de paz en proceso de reincorporación Jorge Iván Ramos, a la lideresa comunal, Omaira Alcaráz Henao y también al líder comunal Fernando Gaviria García, estos dos últimos en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. En un acto de violencia sistemática que inicia el día 28 de agosto y termina el 29, arrebatándole la vida a estos tres líderes constructores de paz”, dice el comunicado.
CREDHOS hace un llamado a respetar y aplicar el Derecho Internacional Humanitario a los actores armados legales e ilegales que se mantienen en el conflicto armado.
Le puede interesar:Duque acusa a las Farc, ELN y Los Rastrojos de ser los responsables de la violencia en Catatumbo
Al Gobierno Nacional y al ELN les piden respetar los acuerdos de paz y su implementación; haciendo énfasis en que; es necesario explorar caminos de diálogos que permitan el cese de hostilidades, la dejación de armas y la terminación del conflicto armado del país.
“Los excombatientes de las FARC, líderes y lideresas sociales, así como los defensores de los derechos humanos, están enfrentando hoy un genocidio; es necesario implementar diálogos para lograr el cese de hostilidades”.
Lea también: Cinco asesinatos se han registrado en menos de una semana en el sur de Bolívar
La Corporación Regional; le exige al Estado Colombiano y a la Gobernación de Bolívar proteger la vida de la población civil.
Finalmente; esta entidad que se caracteriza por defender los derechos humanos; le solicita a la comunidad internacional, especialmente a la Misión de Verificación de la ONU, asumir un papel más eficaz frente a la responsabilidad del Gobierno colombiano de preservar la vida de las lideresas, líderes y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).