Contraloría alerta irregularidades por más de $60.000 millones en proyectos de agua y saneamiento en Colombia

La Contraloría General de la República identificó múltiples deficiencias en la gestión e inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) a agua potable y saneamiento básico entre 2020 y 2024.

Según los informes, se configuraron 13 hallazgos fiscales por $33.614 millones y 6 con presunta incidencia penal, relacionados con estos recursos.

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Uno de los casos más destacados es el de departamento de Bolívar, donde "fallas en el funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka y Soplaviento representaron un hallazgo por $2.775 millones".

Las auditorías de 2022, 2023 y 2024 revelaron 109 irregularidades por un total de $60.965 millones, en San Andrés Islas y Tibú (Norte de Santander) "se identificaron graves deficiencias en la supervisión y control del cobro y asignación de subsidios, generando un daño patrimonial superior a los $14.000 millones".

La Contraloría señaló que las principales causas de los hallazgos fueron la falta de planeación, ausencia de estudios técnicos previos, demoras en la gestión de permisos ambientales y desconexión entre los estudios contratados y las necesidades reales de las comunidades. También se evidenció el incumplimiento de obligaciones contractuales y la ausencia de manuales de operación.

En cuanto a la ejecución, "se evidenció una omisión sistemática en la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales", y en varios casos las obras resultaron inoperativas o no cumplieron con las especificaciones técnicas pactadas.

Además, se detectó el uso indebido de recursos en actividades no permitidas por la Ley 1176 de 2007, como la compra de gasolina, insumos de ferretería y mejoramiento de vías urbanas. En 2024, "se ejecutaron $103.932 millones en actividades no elegibles", siendo Uribia, Montería, Puerto Escondido, Sabaneta y Arboletes los municipios con mayores irregularidades.

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La Contraloría también alertó sobre "errores en la facturación, liquidación y asignación de subsidios", producto de bases de datos desactualizadas y procesos de estratificación inconsistentes, lo que derivó en pagos indebidos.

Finalmente, el ente de control advirtió que "solo mediante una administración pública responsable, transparente y comprometida con el cumplimiento de la ley será posible garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes más los necesitan".