Imagen de referencia de dinero
Los investigadores también continúan escuchando en diligencias de interrogatorio a varios de los protagonistas del escándalo.
Una comisión de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) practicó una nueva inspección judicial a las instalaciones del Ministerio de las TIC dentro del proceso que se adelanta por las denuncias sobre presuntas irregularidades en el contrato suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para llevar internet a más de 14.000 colegios en todo el territorio nacional.
Se trata de la tercera diligencia de inspección practicada a la sede del Ministerio de las TIC en desarrollo de la investigación que adelanta la Fiscalía.
Estás diligencias fueron coordinadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación y el objeto de la misma fue recaudar documentación relacionada con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados para conectar a internet a colegios en veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país.
La inspección se extendió por varias horas y en el trascurso de esta fueron entregados documentos físicos y material en medio magnético que serán analizados por parte de peritos técnicos y fiscales especializados adscritos a la unidad anticorrupción.
A estas inspecciones se suman las diligencias de interrogatorio a las que han comparecido varios de los protagonistas de este escándalo, entre ellos, el representante legal del consorcio Centros Poblados.
Dentro de este mismo proceso, el propio fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que se adelantan cuatro líneas de investigación por la supuesta corrupción detectada en este contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que asciende a un anticipo por 70 mil millones de pesos para proveer de Internet a escuelas rurales.
“El caso está priorizado en cabeza del director nacional Anticorrupción. Existe ya la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos”, reveló el Fiscal Barbosa.
“Entre las líneas a desarrollar está la relacionada con funcionarios públicos que habrían estado involucrados o trabajaron en la estructuración en el proceso de evaluación, en el proceso de las mismas pólizas y los documentos contractuales”, indicó Barbosa.
Así mismo, otra línea de investigación es relativa a la entidad o el contratista que presentó los documentos; una más en torno a la expedición de las pólizas y otra, para determinar cómo se produjo el giro de los recursos.
Fuente
Sistema Integrado de Información
