La Organización de las Naciones Unidas denuncia la gran cantidad de homicidios y secuestros en el Catatumbo

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por grupos armados en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

En un informe reciente, el organismo internacional detalló una serie de abusos perpetrados principalmente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que han dejado un saldo devastador para la población civil.

Según el representante encargado de la Oficina de la ONU en Colombia, Juan Carlos Monge, se tiene el reporte de al menos 60 homicidios, el desplazamiento forzado de más de 18 mil personas y el confinamiento de más de mil ciudadanos, incluidas 23 comunidades indígenas del pueblo bari y pueblos yukpas.

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Además, se documentó el secuestro de al menos 30 personas y la interrupción de clases para 46.000 niños y adolescentes.

La situación se complicó aún más con las amenazas y la estigmatización de los liderazgos sociales, así como el asesinato de firmantes del acuerdo de paz. Los hechos ocurrieron en varios municipios, como Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego, áreas gravemente afectadas por la violencia de los grupos armados.

La ONU expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia en el Catatumbo, la cual ha tenido un impacto devastador en las comunidades civiles, especialmente en mujeres, niñas, niños y pueblos indígenas.

En ese sentido, la organización le solicitó al ELN y a otros grupos armados a respetar los derechos humanos y a cumplir con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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Ante la gravedad de los hechos, la ONU también pidió con urgencia que el Estado colombiano implemente la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, como una medida para iniciar los cambios estructurales necesarios para mitigar la violencia en la región.

El llamado de la ONU busca, no solo proteger a la población civil, sino también promover una transformación territorial que permita devolver la seguridad y la paz a las comunidades más afectadas del Catatumbo.