Ya van 11 días de paro: comunidades en Santander protestan por adjudicación de licencia ambiental
Desde el pasado nueve de enero se inició un paro por parte de las comunidades de Barrancabermeja, Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí (Santander), quienes reclaman la derogación de la licencia ambiental FLL - 082 que permite la explotación de carbón a cielo abierto a la empresa Colcco.
Esta licencia fue entrega por la Corporación Autónoma de Santander (CAS) en agosto de 2022 y le otorga a esta empresa al rededor de 2.000 hectáreas de tierra, ubicadas en el Distrito de Manejo Integrado del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes.
La comunidad en el sector ha denunciado en varias ocasiones el daño ambiental que esa intervención tendría en los ecosistemas, en lo que para ellos es una de las mayores fuentes agrícolas e hídricas de la región.
Luisa Acuña, integrante del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, aseguró que ha estado acompañado estas protestas por parte de las comunidades.
Luisa señaló que "lo que nos llevó a tomarnos la vía Panamericana fue que no recibimos una respuesta contundente por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, ni de la Gobernación de Santander, frente a la exigencia de la revocatoria de la licencia ambiental FLL-082. Una licencia, que le otorga 1. 949 hectáreas a la empresa minera Colcco, para la exploración y explotación de carbón a cielo abierto y en socabón".
Cabe mencionar que en el 2015 la empresa Colcco ya había participado en una licitación para poder explorar nuevas zonas de la región, algo que la comunidad venía advirtiendo con el pasar del tiempo.
Sin embargo, fue hasta el 22 de agosto del 2022 y bajo la resolución 574 de la Corporación Autónoma Regional de Santander, que se otorgó la licencia que llevó a la comunidad a protestar.
"Nuestra única exigencia es la revocatoria de la licencia ambiental, es lo que hemos pedido desde hace 11 días. La CAS se pronunció hace unos días donde habilitaría unos diálogos con la comunidad y el Ministerio de Ambiente, convocando a una reunión el próximo 23 de enero, pero nosotros tenemos claro que solo queremos la revocatoria de esta licencia", dijo Acuña.
Agregó que "no queremos espacios de diálogo, ni que se aperturen mesas, es algo que no se está exigiendo por parte de la comunidad".
Los habitantes precisaron que esta medida no está alineada con las políticas de transición energética justa y participativa, propuesta por el presidente Gustavo Petro.
Amenazas
Ante el paro realizado por la comunidad, empezaron a llegar amenazas de muerte hacia algunos de los líderes de la protesta.
RCN Radio pudo establecer que las intimidaciones se dieron por parte de las autodefensas, que a través de un panfleto advirtieron que de seguir con los cierres en la vía Panamericana, "tomarán acciones violentas frente a personas ya identificadas".
En otro comunicado, se observa a un gremio autodenominado 'Provincia de Mares', que señala que "los transportadores en común acuerdo con organizaciones armadas que operan en la región, declararán objetivo militar a toda persona que participe activamente en esta manifestación".
"Se han presentado amenazas a 20 liderazgos ambientales del territorio. Esto no lo han manifestado en tres panfletos que nos han hecho llegar de forma consecutiva, las autoridades aún no han dicho nada sobre estos casos. Solo escuchamos que ya iniciaron las investigaciones correspondientes", agregó Acuña.
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Santander señaló que estudiará nuevamente el caso y explicó que todas las demandas sobre ese caso ya fueron resueltas en el tribunal a favor de continuar con la explotación minera.
La comunidad sigue firme en su propósito, señalando que ya conocen los daños que se pueden producir en caso de continuar con esta licencia ambiental.