Instalan Comité de seguimiento a fallo que ordena protección de la Miramar
Luego de que en días anteriores el Consejo de Estado dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, donde por orden judicial obliga a la Alcaldía de Barrancabermeja a reubicar a los pobladores del barrio Pueblo Nuevo que habitan la ronda hídrica de la ciénaga Miramar.
Y es que en 2020, se había dado un fallo de primera instancia, amparando los derechos de la comunidad, tras considerar que las autoridades no habían tomado las medidas pertinentes para superar una situación relacionada con la falta de servicio de acueducto y alcantarillado en el barrio Pueblo Nuevo, lo cual estaba ocasionando inundaciones, malos olores, proliferación de enfermedades y contaminación de las aguas de la quebrada que pasa por el sector.
El fallo también precisa que la providencia judicial estableció medidas para garantizar la recuperación ambiental de los ecosistemas afectados en la zona, así como la construcción de una red primaria o matriz de alcantarillado para las viviendas que no son aledañas al área de influencia de la ronda.
Como primera medida, el Consejo de Estado indica que el Distrito tendrá seis meses para adelantar las gestiones presupuestales necesarias para garantizar la reubicación, y como segundo paso, una vez cumplido el término, se adelantará el proceso de reubicación mediante un plan de vivienda subsidiada, que deberá cumplirse en un máximo de 12 meses, contados desde la ejecutoria de la providencia judicial.
Por esta razón, en las últimas horas en Barrancabermeja se instaló un Comité de seguimiento, integrado por la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Distrital, la CAS, Aguas de Barrancabermeja y la comunidad que reside en los predios aledaños a este cuerpo hídrico.
El objetivo de esta mesa de trabajo es socializar con la comunidad los detalles del fallo.
“Inicialmente, la primera acción fue la instalación del comité para hacer una socialización con toda la comunidad de este sector, para efectos de contextualizarlos o que conozcan de primera mano los alcances del fallo del Tribunal Administrativo de Santander que fue confirmado por el consejo de estado”, acotó Didier Rodríguez, defensor del Pueblo Regional.
Se espera también, que se adelante un censo de las personas que deberían ser beneficiarias en este caso.