
Tres meses han pasado desde que se conocieron las primeras imágenes de la compleja situación de orden público en la región del Catatumbo, luego que integrantes del ELN llegaran casa a casa para asesinar a integrantes y familiares de integrantes de las disidencias de las FARC en varios puntos del Catatumbo.
La masacre de una familia en la vía que comunica el municipio de Tibú con la ciudad de Cúcuta, fue el detonante de una de las ofensivas armadas más violentas de los últimos años en el país y en la historia del Catatumbo, donde el Eln y las disidencias de las Farc se disputan el control territorial y el negocio del narcotráfico en un área próxima a la frontera colombo-venezolana.
El asesinato de por lo menos 106 personas a través de la modalidad de sicariato y la búsqueda casa a casa por parte del Eln a líderes, firmantes de paz y familiares de integrantes de las disidencias de las Farc en zonas como Tibú, Teorama y Convención alertó a la comunidad que se desplazó a los cascos urbanos de los municipios de Tibú, Ocaña y la ciudad de Cúcuta.
Desplazamiento:
El fenómeno de desplazamiento que impactó directamente a la ciudad de Cúcuta, una de las zonas de mayor recepción de esta comunidad, hasta la fecha ha atendido a 31.702 personas, generando una de las crisis humanitaria más complejas en la región, que se puede comparar con el éxodo masivo de miles de migrantes en la frontera en el año 2015 ante la expulsión de miles de personas por parte de Nicolás Maduro.
En el casco urbano del municipio de Ocaña aún de mantienen instalados espacios donde se presta atención integral a un número importante de personas, donde inicialmente se desplazaron 12.308 personas, de las cuales varias de ellas han salido en las últimas horas, a raíz de los bombardeos que se han presentado en la zona rural de Ábrego por parte del Ejército contra el ELN.
Situación similar se ha presentado en el municipio de Tibú, donde desde el inicio de la guerra, se registró la llegada de 9.757 personas desde diversos sectores rurales y se instalaron en el casco urbano, huyendo de los horrores de la guerra, que revivió lo sucedido en la década de los 90 con la incursión de los grupos paramilitares.
Las condiciones de estas personas, siguen siendo complejas, teniendo en cuenta que muchas de ellas no han logrado regresar a sus territorios, y denuncian que no han recibido la atención pertinente por parte del gobierno nacional y que la responsabilidad de su manutención recayó sobre las administraciones locales.
Confinamiento:
Las más recientes cifras del Puesto de Mando Unificado que lidera la gobernación de Norte de Santander confirma que 12.887 siguen en estado de confinamiento, por el conflicto entre las estructuras armadas, afectando especialmente a las comunidades indígenas de Catalaura y Motilón Barí en el sector de la Gabarra, zona rural del municipio de Tibú, siendo esta la zona donde más registros de confinamiento tienen las autoridades.
A pesar que se ha disminuido en un 50 por ciento el estado de confinamiento en el Catatumbo, muchas poblaciones siguen confinadas, debido a la instalación de campos minados cerca a sus hogares y los cuales reciben atención humanitaria por parte de la unidad de víctimas y la iglesia católica en zonas de difícil acceso.
Homicidios:
Desde el inicio del conflicto, 106 cuerpos han sido extraídos de la zona, identificados y entregados a sus familiares, los cuales fueron asesinados en su gran mayoría bajo la modalidad de sicariato.
Sin embargo, liderazgos sociales y representantes de la comunidad, han advertido que el número de muertes está por encima de las 300, las cuales no han sido registradas por la imposibilidad de caracterizar los mismos y la extracción de los cuerpos en la zona.
Conmoción Interior:
Esta crisis humanitaria y de orden público llevó a que el gobierno nacional decretará la figura de la Conmoción Interior para atender de manera integral a la población del Catatumbo, en medio de la guerra que aún se libra en la región.
Sin embargo, ad portas de cumplirse los primeros 90 días de esta figura, solo se ha quedado en anuncios de inversión en la región, sin ninguna aplicación real en los territorios; esto teniendo en cuenta, que 1.8, de los 2.8 billones que fueron destinados para la región, ya están comprometidos en obras viales, de desarrollo integral y en materia de educación.
Hasta el momento, el gobierno nacional no tiene proyectado prorrogar la conmoción interior, el cual está a pocos días de cumplir su período de 90 días.
La reconfiguración de la guerra:
Tres meses de guerra, de violencia y de acciones violentas contra la comunidad y la misma fuerza pública, que se ha fortalecido en la zona, logrando tener en territorio por lo menos 10.500 uniformados y que han ido, de a poco, recuperando espacios en el Catatumbo; esto a pesar de la instalación de minas antipersona y explosivos por parte de estos grupos.
Otra de las preocupaciones es el aumento en el fenómeno de reclutamiento forzado de menores de edad, del cual no se tiene registro oficial, pero se ha logrado establecer que se ha aumentado de manera exponencial en estos tres últimos meses, y donde por los menos 40 de ellos, han sido recuperados de las filas del Eln.
Los ataques con explosivos y con drones, es otra de las alertas que tienen las autoridades, que ya deja tres víctimas mortales, entre ellas dos civiles, a manos del ELN y disidencias de las FARC que están utilizando estás tecnologías.
Sumado a la posibilidad que los grupos armados que están en disputa, estén conformando alianzas militares con otros actores que hacen presencia en la región, con el fin de fortalecer la ofensiva que desde el pasado 16 de enero inició en el Catatumbo.
Lina María Mejía coordinadora de la ONG Vivamos Humanos en diálogos con RCN Radio aseguró que se ha logrado conocer por parte de diversas organizaciones sociales, las alianzas entre grupos armados que aumentaría los niveles de violencia en la región.
En medio de la desesperanza, la comunidad del Catatumbo, esperan que después de este periodo de oscuridad, llegue la calma, la tranquilidad y con ello la oportunidad de ser testigos de una inversión sin precedentes, y que fue anunciada por el gobierno nacional, en medio de la guerra, que se sigue librando en el Catatumbo.